El gobernador Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa expresaron su desacuerdo con esta medida. La ministra María Nela Prada calificó de irresponsable a Camacho.
El Gobierno boliviano oficializó ayer, a través de un decreto, la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2024, pese a las críticas que generó el anuncio en Santa Cruz, la mayor del país, que ha advertido con movilizarse contra el aplazamiento de la consulta.
El presidente Luis Arce, y sus ministros firmaron un decreto que modifica otro, con el fin de que el censo, previsto inicialmente para noviembre próximo, se pueda realizar “entre los meses de mayo y junio de 2024” y que será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia, entidad que definirá la fecha.
El miércoles el Consejo Nacional de Autonomías reunió a ocho de los nueve gobernadores del país, excepto el de Santa Cruz, las asociaciones de municipios y representantes de organizaciones indígenas y campesinas para dialogar sobre el censo, determinando que se aplace hasta 2024.
Aunque el consejo reconoció que el censo es una “prioridad nacional”, también se argumentó que existen algunas dificultades que “afectarían al proceso censal” como la pandemia de la COVID-19, la socialización de la boleta, la necesidad de incorporar idiomas originarios, una cartografía estadística, entre otros.
REACCIONES
El aplazamiento del censo generó resistencia sobre todo en Santa Cruz, cuyo gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, convocó a los asambleístas, autoridades locales y la sociedad civil a participar este viernes (hoy) en un encuentro regional para determinar las medidas que asumirán.
"Suspenden el censo por 2 años más, como están acostumbrados: sin escuchar a las regiones, sin pensar en sus necesidades, escondidos detrás de algunas autoridades que se acomodan en el poder por miedo a perder los pequeños privilegios que ostentan por su cargo", escribió Camacho en sus redes sociales.
Además manifestó que estas acciones muestran "que la única solución” es “quitarle el poder absoluto al centralismo y dárselo a las regiones con un sistema federal”.
Por su parte, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el país, Carlos Mesa, expresó que la suspensión del censo “trunca un derecho y una demanda popular, evidencia la mentira del gobierno y obedece a un irresponsable cálculo político” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Según Mesa este “cálculo político” quiere “impedir” la “redistribución de escaños" parlamentarios, evitar el "Pacto Fiscal y seguir ocultando la verdad sobre la pobreza en el país”.
IRRESPONSABLE
En una rueda de prensa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tildó a Camacho de “irresponsable e incapaz” y le acusó de utilizar el censo para generar la “confrontación y desestabilización” del país.
Prada, según ABI, exigió a Camacho, que deje de “mentir” al pueblo cruceño para tapar su “incapacidad” en la gestión pública.
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