El ministro Iván Lima criticó las declaraciones del líder de Comunidad Ciudadana, que busca descabezar el Órgano Judicial.
El jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien exige la destitución masiva de administradores de justicia, busca promover así un segundo golpe de Estado.
Así lo denunció el ministro Iván Lima, quien refirió que Mesa, al exigir la destitución masiva de administradores de justicia, busca promover un segundo golpe de Estado, “esta vez en contra del Órgano Judicial”.
“Algunas personas que ya tuvieron su tiempo en la política por muchos años y buscan micrófonos para mantenerse vigentes se han convertido en críticos destructivos”, dijo, citado en un comunicado vertido por esa cartera de Estado.
Lima, al referirse a exdirigentes de partidos que se presentan como “independientes”, dijo que éstos rechazan un acuerdo nacional por la justicia y sólo aprovechan la coyuntura mediática para difundir sus discursos ya desgastados.
REFORMA JUDICIAL
Lima destacó las observaciones preliminares del informe del relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, y confirmó la voluntad política del Gobierno nacional para hacer realidad una reforma judicial “de todos” en el territorio nacional.
Dijo que el informe del experto “no es un sorpresa” y anunció que cada una de las conclusiones forma parte de la propuesta de transformación del sistema judicial que presentó la cartera de Justicia anteriormente.
“El país quiere la transformación de la justicia, pero algunas personas no quieren esa transformación”, dijo el Ministro en relación a los políticos de oposición que rechazaron la convocatoria a la cumbre nacional de la justicia y condicionan la reforma a la destitución de magistrados y jueces de todo el sistema judicial.
“Estamos en un momento de encuentros y tenemos que trabajar unidos”, expresó la autoridad ante la consulta de la posibilidad de un encuentro nacional para reformar la justicia.
El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García- Sayán presentó sus observaciones preliminares luego de su visita al país y de reunirse con varios sectores de la sociedad. Manifestó que existen condiciones para llegar a un gran acuerdo nacional, para impulsar una justicia independiente, eficiente y guiada por los principios de derechos humanos.
Quino: “Mesa politiza el trabajo del Relator”
El abogado constitucionalista Israel Quino se refirió a las declaraciones de Carlos Mesa sobre la visita oficial del relator especial de la Organización de Naciones Unidas, Diego García-Sayán. Indicó que pretende deslegitimar y politizar el trabajo hecho bajo una visión sesgada sin entender que la perspectiva internacional ayuda en la reconstrucción, en este caso, judicial.
Enfatizó en que Bolivia cuenta con el verdadero gobierno de los jueces, donde radica el poder independientemente de quien esté en el poder político porque la mitad de los jueces no son de carrera ni institucionalizados y no rindieron examen, además se debe comprender que el país vivió tres momentos con el cambio de tres poderes políticos sin cambiar a los jueces que actúan en estos tres tiempos.
Las nueve conclusiones preliminares del informe del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, se queda con dos puntos principales que pueden contribuir en la reconstrucción judicial del país, opinó.
Detalló que un primer punto es la recomendación para llevar adelante un acuerdo nacional que pueda posibilitar una salida estructural a la solución que el pueblo espera respecto al sistema judicial no sólo del Órgano Judicial, sino un paquete normativo respetando el principio de legalidad (Órgano Legislativo) y barrer la casa por dentro.
El Relator Especial de la ONU sostuvo 25 encuentros, reuniones con pluralidad desarrolladas con actores políticos como Carlos Mesa, Fernando Camacho, Carolina Rivera, abogados de Jeanine Añez, abogados independientes, víctimas, sociedad civil, que no le permitieron generar los insumos necesarios para demostrar que en el país existe persecución política.
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