En Bolivia, las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de 18 derechos reconocidos en el cuarto capítulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional vigente desde el 7 de febrero de 2009.
Tienen derecho a existir libremente, a su identidad cultural, a que esta identidad de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
Cuentan con el derecho a la libre determinación y territorialidad, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, a la titulación colectiva de tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados, a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
Además, a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados; a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo; al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales; al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión; a ser consultados obligatoriamente mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros y a la participación en los órganos e instituciones del Estado.
Agenda indígena, un pilar de gestión
El sábado 7 de febrero de 2009, día de la refundación de Bolivia, entró en vigencia la nueva Carta Magna. El nuevo texto constitucional provocó un reordenamiento político, social y económico en el país, una hoja de ruta para la construcción de un nuevo Estado.
La transformación permitió que Bolivia se constituyera en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Posibilitó las autonomías territoriales y las autonomías indígenas originario campesinas que descentralizan los recursos y el poder político a los territorios.
Uno de los avances más profundos en el proceso fue el reconocimiento de la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios.
En esa línea, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsó no sólo en el país normativas para garantizar el respeto a los sectores indígena originario campesinos, sino en escenarios internacionales como la Organización de Nacionales Unidas (ONU).
El lunes 13 de septiembre de 2021, el mundo recordó los 14 años de vigencia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un documento promovido por Bolivia en la gestión del entonces presidente Evo Morales.
El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que establece que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales.
“Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”, se lee en el documento internacional.
La declaración indica que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, por lo que no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos; en particular, la fundada en su origen o identidad indígenas.
Perfil de una movilización política
Si bien Bolivia estuvo a la vanguardia en la defensa de los derechos indígenas por los avances constantes desde 2006, el proceso fue obstruido en 2019 por sectores opositores que impulsaron la desobediencia civil, el desconocimiento al Gobierno de la construcción plurinacional y el golpe de Estado.
Esas movilizaciones tenían como principales protagonistas a opositores, paramilitares y cívicos, entre ellos el actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien ocupaba la Presidencia del Comité pro Santa Cruz. Las protestas derivaron en una escalada de violencia contra autoridades, líderes sociales, sus familias, quemas de instituciones públicas y viviendas, y la renuncia del presidente Evo Morales.
Luego de 10 años de la vigencia de la nueva Carta Magna, sectores antipopulares intentaron retomar en 2019 las lógicas de la República, provocando una ruptura en la construcción plurinacional. Los sectores opositores a Morales articularon apoyo transnacional; pero, la conspiración fue frenada por el mismo pueblo en las urnas el 18 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce fue electo presidente con un respaldo nacional del 55,11%.
Luego de que los sectores críticos al MAS fueron derrotados en las urnas, desde la oposición se intenta impulsar movilizaciones en sintonía política con el Comité pro Santa Cruz, la organización política Creemos que lidera Camacho y hasta el exministro de Defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín.
El 25 de agosto, una movilización de indígenas partió desde el Beni hacia Santa Cruz. Se desmarcó de sus organizaciones y las bases. Pretende llegar a la ciudad de Santa Cruz el 24 de septiembre, día de la efeméride cruceña, y ser recibida por Camacho y el Comité pro Santa Cruz. Pese a las convocatorias del Gobierno nacional al diálogo, se niegan a revelar su pliego petitorio.
La movilización tiene como dirigente al indígena de San Lorenzo de Moxos del Beni, Marcial Fabricano, expresidente de la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob), excandidato a vicepresidente por el Movimiento Bolivia Libre (MBL), expostulante a la Gobernación del Beni por la organización Frente Para la Victoria y aliado en 2009 del opositor Manfred Reyes Villa.
Otro dirigente de los movilizados es Adolfo Chávez, expresidente de la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob), fue candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Frente Para la Victoria. Fue acusado por un caso de corrupción del exfondo Indígena por administrar presuntamente un proyecto inexistente sobre "Fortalecimiento y Capacitación Técnica" con un presupuesto de Bs 902.000.
El presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña y representante de Creemos, José Carlos Gutiérrez, indicó el lunes 6 de septiembre: “Nosotros pedimos que como cruceños apadrinemos a cada uno de ellos (indígenas)”. No fue el único que se pronunció a favor de los movilizados afines a Camacho, Sánchez Berzaín lo hizo el 14 septiembre cuando aseguró que “la marcha indígena va en su día 21 de caminata”.
Agenda de desarrollo de los pueblos indígenas se construye desde Beni y en el marco de la CPE
Los 18 pueblos indígenas de Beni, reunidos en cinco regionales y el Gobierno, construyen una agenda de desarrollo cuya elaboración incluye la presentación de demandas, mesas de trabajo, impulso a las unidades territoriales autónomas y garantías a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Este proceso, que comenzó meses atrás, fue más visible en agosto, cuando se produjo, en Trinidad, una reunión entre los dirigentes orgánicos de los indígenas y el Ejecutivo, en la cual se formaron dos mesas de trabajo: una administrativa-legal y la otra referida a la planificación del desarrollo, dijo el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.
El viernes 10 de septiembre, el presidente Luis Arce se reunió, en Santa Cruz, con dirigentes de los Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos “para seguir trabajando en el fortalecimiento del derecho a la libre determinación de las naciones reconocidas en la Constitución Política de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, escribió en su cuenta de Twitter.
A esa cita asistieron dirigentes de los pueblos indígenas de Beni.
El martes 14 de septiembre, el presidente Luis Arce asistió a un encuentro en la capital beniana en el que participaron unos 500 dirigentes y representantes de los pueblos indígenas. En la cita, llamó a la unidad a las organizaciones y escuchó cada una de las demandas presentadas.
El 16 también se produjeron encuentros para construir una planificación del desarrollo en favor de los benianos y un avance en las mesas de trabajo respecto a las unidades territoriales autónomas.
Al respecto, Fermín Cayuba, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), destacó la instalación de mesas de trabajo y dijo que se logró “un buen entendimiento”, voluntad de trabajar y “buena predisposición” del Gobierno para confeccionar una agenda de desarrollo.
Indicó a la ABI que las demandas presentadas al Ejecutivo tienen que ver con lo agrario, autonomías indígenas, reactivación del Fondo Indígena, varios proyectos productivos, educativos, de salud; acceso a la comunicación con ayuda del satélite Túpac Katari y mantenimiento de caminos, entre otros aspectos.
“Estamos sintiendo la crisis” y por eso requerimos proyectos productivos, enfatizó Cayuba.
Por su lado, Inocencio Yubanure Yumo, dirigente de Central de Pueblos Indígenas de Beni, destacó la visita del presidente Arce a Beni y expresó sus solicitudes que incluyen una Cumbre de Pueblos Indígenas que analice los territorios indígenas y el rol que cumplen al respecto el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
El dirigente también solicitó dotar con servicios básicos, instalación de centros de salud, dotación de medicamentos, cobertura de internet y el respeto a sus estructuras orgánicas.
“Primera vez que un mandatario de Estado se sienta a hablar con nosotros, como se decía de jefe a jefe. En una oportunidad, tuvimos una reunión de jefe a jefe, pero tuvimos que marchar a La Paz. Hoy, él (presidente Arce) baja acá al departamento del Beni para hablar con los 18 pueblos indígenas presentes a la cabeza de su estructura orgánica”, dijo Yubanure en radio Patria Nueva.
A su turno, Carlos Saravia, presidente del Gran Consejo Chimán, resaltó la trascendencia del acercamiento del presidente Arce con los pueblos indígenas benianos y dijo que le presentaron a la autoridad demandas respecto a tendido eléctrico, mantenimiento de caminos, educación, salud y proyectos productivos.
Pacífica Melgar, presidenta de la central de Mujeres Indígenas de Beni, también destacó el apoyo gubernamental y solicitó la construcción de una sede social para su organización.
Anacleto Peña, Cacique del territorio indígena de Lomerío, en Santa Cruz, dijo que participó en el encuentro del Mandatario con dirigentes de los Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos y agradeció “el apoyo y voluntad del presidente Arce” para consolidar las unidades territoriales autónomas.
Dijo que esas unidades territoriales, una vez que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, permitirán el reconocimiento de las estructuras de gobierno ancestrales propias, así como sus derechos.
Además, manifestó que se entregó al Gobierno proyectos referidos a la perforación de pozos de agua, recolección de agua de lluvia, entre otros.
Todos los dirigentes indígenas orgánicos entrevistados, desconocieron la legitimidad y la representatividad de la marcha que se aproxima a la ciudad de Santa Cruz. “Los desconocemos, ellos se autonombraron”, dijo por ejemplo el dirigente Cayuba. “No coordinaron con nosotros, no son nuestros representantes”, añadió por su lado Peña y Yubanure manifestó que los marchistas “no representan. Desconocemos totalmente (la movilización)”.
Aunque no se conoce formalmente el pliego petitorio de la caminata que se aproxima a la capital oriental, versiones de prensa indican que esa marcha rechaza los avasallamientos de tierras originarias.
Sin embargo, el viceministro de Autonomías garantizó la protección de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) ya que están inscritos en la Constitución Política del Estado, junto a la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Si hubiese alguna vulneración a las TCO, el Ejecutivo tomará cartas en el asunto para proteger esos territorios, indicó Ruiz.
Dijo que los voceros de la marcha tienen un discurso en consonancia con Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, “que ha querido armar un consejo de tierras (Comisión Agraria Departamental) y él fue a estrados judiciales y ha perdido. Ahí ha sido derrotado por que le han dicho muy claramente que el tema de las tierras es una competencia nacional y no departamental”.
La Constitución Política del Estado establece, en su artículo 298, que “Son competencias privativas del nivel central del Estado” la “Política general sobre tierras y territorio, y su titulación”.
La Ley de Leyes, en su artículo 297, referido a la “Distribución de Competencias”, explica que las competencias privativas se refieren a “aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado”.
Publicar un comentario
Agregue aquí su comentario...