El Gobierno pide a Interpol activar el sello azul contra el exministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez que salió del país el año pasado y está involucrado en varios delitos.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo está involucrado en un nuevo hecho ilícito que se suma a la lista de ocho procesos que tiene en su contra.
Es acusado por las muertes en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), sobreprecio en compras, calumnias e injurias y narcotráfico, entre otros.
La Fiscalía informó ayer del inicio de una investigación de oficio en contra del “hombre fuerte” de la gestión de la presidenta Jeanine Áñez por la presunta desaparición de 400 kilos de sustancias controladas que se hallaron dentro de un cargamento de madera, en La Paz, en diciembre.
El 15 de enero, cuando se debía realizar la incineración de una tonelada 435 kilos de droga, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), evidenció la ausencia de estos 400 kilos ya que solo había una tonelada y cuatro kilos.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Moisés Palma, explicó que los 60 horcones y vigas alistonadas tenían como destino Bélgica.
Dijo también que en este caso están involucradas otras seis personas, acusadas por los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.
LOS PROCESOS
Murillo, que se encuentra fuera del país desde el 5 de noviembre, enfrenta al menos nueve procesos por lo que desde el Gobierno pidieron a Interpol (Policía Internacional por sus siglas en inglés) la activación del sello azul para su búsqueda y captura.
Se presume que salió rumbo a Brasil junto al exministro de Defensa Luis Fernando López.
El primer proceso en su contra es por el supuesto sobreprecio de casi dos millones de dólares en la compra de material antidisturbio. Por este caso se activó una alerta migratoria internacional.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó los resultados preliminares de auditorías realizadas a la gestión de su antecesor e informó de ocho irregularidades en los procesos de adquisición.
También tiene una denuncia por difamación y calumnias tras acusar a una mujer del rapto de una bebé.
Por otro lado, está la quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales. Por este caso, su vivienda fue allanada, en el marco de las investigaciones.
Se suma la cuarta denuncia por las muertes durante los conflictos de 2019 en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
A su vez, está el proceso que le sigue el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera por delitos de calumnia y difamación tras ser acusado de haber promovido una “persecución” en su contra mientras ocupaba el cargo de director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía.
El exministro de Salud Marcelo Navajas también lo involucró en la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio y la Fiscalía investiga el uso indebido de datos informáticos, allanamiento y resoluciones contrarias al a Constitución por vulnerar protocolos de seguridad de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La octava acusación es por el retraso en la extradición del “pez gordo” del narcotráfico, Pedro Einar Lima Lobo.
Finalmente, otro caso relacionado con esta actividad ilícita es por la desaparición de los 400 kilos de cocaína.
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