Es la primera vez que, en el marco del Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones, se emite una resolución que sanciona a una organización política por atentar contra el ejercicio de los derechos políticos de una mujer. El hecho ocurrió en el municipio de Coroico, en el departamento de La Paz
El Juez Electoral de La Paz Juan Ramos Soliz declaró probada una denuncia por acoso y violencia política presentada por la candidata a primera concejala de Coroico, La Paz, Hebelina Chambi, en contra de la organización política Adepcoca. El infractor será multado con un equivalente a 35 salarios mínimos.
“Este es un caso que se ha presentado en el departamento de La Paz y queremos resaltarlo porque es la primera vez que en el marco del reglamento se ha aplicado una sanción a una organización ciudadana en la que una candidata era parte y postulaba por el municipio de Coroico”, informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.
Tras saludar la decisión del juez electoral, Romero informó que la organización política está obligada a pagar el equivalente a 35 salarios mínimos (Bs 74.270) como multa, como lo establece el Reglamento en el artículo 25.
“Más allá del tema económico, lo importante es el mensaje que indica esta sanción: de que las mujeres deben poder desarrollar sus actividades políticas y el ejercicio de sus derechos sin ninguna intimidación”, remarcó.
Con la determinación, la víctima gozará de medidas de reparación a fin de restaurar sus derechos políticos como autoridad electa. Por disposición del Juez Electoral, la organización política debe garantizar la no repetición o reiteración de los actos de violencia bajo sanciones en caso de incumplimiento.
El Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones, aprobado por el TSE en mayo de 2020, establece sanciones a organizaciones políticas, jurados electorales, notarios electorales, servidores públicos, funcionarios de entidades financieras públicas y privadas, y agrupaciones ciudadanas, que cometan faltas electorales, e incorpora un capítulo especial que sanciona hechos de acoso y violencia política, precautelando los derechos políticos de las mujeres durante los procesos electorales.
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