El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el Gobierno se comprometió a dar toda la información que vayan a solicitar los expertos internacionales y a que se escuche a los testigos, víctimas y autoridades del actual y el anterior gobierno.
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará a investigar este lunes y por seis meses los hechos de violencia ocurridos en Bolivia desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019 con el compromiso de acceso a la información y a los testimonios de víctimas, testigos y funcionarios de este y el anterior gobierno
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el trabajo de la comisión de cinco expertos de la comisión será “independiente e imparcial” y bajo los “criterios de orientación y conciliación” de forma de dar luces a lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019, entre ellos los desatados con muertes en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.
“Vamos a generar una agenda inicial que marque un trabajo en que ningún boliviano quede sin ser escuchado, ellos (comisión) han manifestado su plena voluntad de escuchar a todos”, explicó en una entrevista con Radio Panamericana, en la que también ratificó que el trabajo de los expertos abarcará de septiembre a diciembre.
No solo se centrará en la violencia en Sacaba y Senkata, sino en todos aquellos hechos de violencia y violación de derechos humanos ocurridos antes y después de las elecciones anuladas de octubre de 2019, tras la dimisión de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral, motín policial, paro cívico y sugerencia militar de dimisión.
“El mandato que tienen es amplio, es analizar todas las violaciones de derechos humanos, no va haber materia excluida y que esté tildada de estar referida solamente a una visión política. El compromiso que tenemos es que las Fuerzas Armadas, la Policía y el Órgano Judicial les entreguen toda la información y que la población y el país pueda hablar con ellos”, explicó.
Un protocolo definirá el trabajo que realice la comisión, sin que a ello esté condicionado el trabajo que actualmente realiza la Fiscalía. Trabajarán por un lapso de seis meses.
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