En una jornada muy agitada, en la que el objetivo fue “sacar” de su cargo al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) lideró una suerte de cerco a las oficinas de la Fiscalía, en Sucre. Comenzó, así, la vigilia, que calificó como “pacífica”, aunque algunos de los movilizados protagonizaron algunos cruces con ciudadanos que transitaron por las calles capitalinas, según se pudo apreciar en videos que circularon en redes sociales. Además, prendieron fuego a llantas, detonaron petardos y pintaron las paredes con mensajes ofensivos.
En las imágenes compartidas por los medios de comunicación local apareció Yassir Molina, uno de los que comanda la RJC. La agencia ABI citó una de las aseveraciones de Molina, mediante la que este dejó en claro que harán todo lo posible para “sacar” al fiscal. “Están llegando dos delegaciones más de Oruro y La Paz para ver cómo vamos a sacar a este señor (Lanchipa), porque es el colmo que esta autoridad se esté parcializando hacia un partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que el único enemigo que tiene el pueblo boliviano se viste de azul".
La llamada Resistencia, que surgió tras las protestas de octubre pasado, al calor de las presuntas irregularidades en el proceso electoral, se congregó en Sucre con la Resistencia Chuquisaqueña. Estas agrupaciones, de acuerdo con ABI, aguardan “directrices” de los comités cívicos.
“Renuncia, Lanchipa, pedófilo”, apareció escrito en rojo en las afueras de la Fiscalía General. En medio del cerco, quien denunció “asedio” y un accionar que “raya lo delincuencial” fue el secretario general de la institución, Edwin Quispe, en entrevista con ERBOL. “Estamos siendo víctimas de un asedio con explosivos de manera indiscriminada y que ya raya en lo delincuencial por parte de esta autodenominada Resistencia Cochala”.gh
Quispe dejó sentado que Lanchipa hará caso omiso a la exigencia. “El Fiscal General es una autoridad legítima, legalmente posesionada y no va a atender este tipo de solicitudes (de renuncia) debido a que no es legítimo y, además, ni siquiera responde a los intereses de la población”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó el “amedrentamiento” ocasionado por parte de estas agrupaciones. “Preocupa el actuar de ese grupo civil, que nuevamente, con la permisibilidad de la Policía, durante varias horas se dio a la tarea de bloquear el sector donde se encuentra la Fiscalía General, impidiendo el paso de vehículos y de transeúntes; y haciendo detonar explosivos de alto impacto, con el objetivo de generar miedo en la población, quemando llantas y afectando ese edificio público”.
Otro de los movilizados precisó que las protestas no responden a una cuestión política y que se congregaron por “convicción”. “No es político esto, los jóvenes vinieron por convicción. Sé que muchos van a decir eso, pero nos vale”.
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