La presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó ayer dos leyes que entrarán en vigencia después de su publicación en la Gaceta Oficial.
La primera obliga a las altas autoridades salientes a permanecer en el territorio nacional por tres meses tras dejar el cargo. Su objetivo es que rindan los informes que requieran a las autoridades entrantes, “en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado” para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible acto de corrupción.
La segunda apoya el uso de dióxido de cloro en el tratamiento del coronavirus COVID-19. Regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.
La norma, modificada por la Cámara de Diputados, indica que los laboratorios públicos y privados podrán elaborar la solución y los profesionales médicos administrarla bajo consentimiento informado del paciente o un familiar, en conformidad a los protocolos estipulados.
La población podrá adquirirlo de las farmacias y sin la necesidad de receta médica. También indica que, por única vez, se libera de aranceles la importación de la solución así como los precursores químicos. En la disposición transitoria se especifica que el órgano Ejecutivo tiene plazo de cinco días hábiles para reglamentar la presente ley.
Entre tanto, un estudio científico de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en algunos internos del penal de San Roque determinó que el dióxido de cloro no sirve para el tratamiento de coronavirus porque no tiene un efecto demostrado positivo en el paciente. Se concluyó que no disminuye la carga viral ni aumenta la saturación de oxígeno.
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