Tras una investigación halló irregularidades en cuatro empresas públicas y responsabilidades por el caso Senkata-Sacaba.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, en su última sesión, aprobó el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la situación de las empresas públicas, que recomienda denunciar a los ejecutivos de YPFB, ENTEL, ENDE, BoA y dos ministros por el delito de incumplimiento de deberes. Asimismo, dispuso que se realice un juicio de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez y sus ministros por el caso Senkata-Sacaba pese a que la Justicia decidió suspender de forma temporal su tratamiento en la sesión del Legislativo, ayer.
La documentación sobre las empresas públicas será remitida a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para que procedan con las acciones legales en contra de Eddy Luis Franco, de ENTEL; Richard Botello, de YPFB; José Gastón Eugenio, de ENDE; y los ministros de Energía, Rodrigo Guzmán y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, según nota de prensa oficial, “por retrasar y entorpecer el trabajo de fiscalización de los asambleístas”.
Pese a esto, se logró determinar un presunto daño económico en la empresa de telecomunicaciones de alrededor de Bs 2.132.005, en la gestión de Elio Montes por la cancelación de finiquitos, bonos, refrigerios, transporte, hoteles y auspicio.
En YPFB estiman que el daño alcanzó los Bs 947 millones por contrato de seguros Credinform, compra de aditivos de origen vegetal por la emergencia sanitaria, la octava adenda con Petrobras, contrato de servicios de refrigerio y limpieza vigentes a la fecha.
En BoA investigaron la reducción de rutas y contratos con presuntas irregularidades como el de servicio de catering y transporte con un supuesto daño de Bs. 1.5 millones.
En ENDE observaron la adquisición de bienes inmuebles, proceso de contratación y su posible privatización.
Por otro lado, Víctor Borda, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea que investigó los hechos de Senkata-Sacaba, afirmó que el informe establece juicio de responsabilidades contra la mandataria así como los ministros y algunos jefes policiales y militares porque lo contrario sería “una traición al pueblo boliviano”. En 2019, durante los enfrentamientos postelectorales murieron 35 personas y hubo centenares de heridos.
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