Ni la implementación de una "agenda social" ni los cambios en el Gabinete conforman a los manifestantes, que continúan saliendo a las calles y reclaman la renuncia del presidente.
El malestar social en Chile no parece tener freno, a pesar de la serie de anuncios y cambios en el Gabinete que ha realizado el Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Tampoco el duro accionar represivo de Carabineros y fuerzas militares, en el marco del estado de emergencia y los sucesivos toques de queda, ha logrado acallar las masivas protestas en las calles ni suspender las huelgas, cuando han pasado ya once días desde la primera gran manifestación, el pasado 18 de octubre. Este martes, grupos opositores volvieron a congregarse en varias ciudades del territorio nacional, y hubo nuevos enfrentamientos con la Policía.
Aquello que comenzó como un rechazo a la suba del boleto del metro de Santiago, suspendida por el Gobierno el día 19, ha virado en una revuelta colectiva sin colores políticos concretos ni claros liderazgos, pero con la perseverancia intacta y el orgullo de un movimiento mayormente juvenil, que ha sabido protagonizar el último viernes "la marcha más grande" de Chile, con más de un millón de personas solo en la capital.
Bajo el lema 'Chile despertó', organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y ciudadanos de a pie, plantean la necesidad de acabar con las políticas neoliberales de un Gobierno que hasta hace días sacaba pecho hablando de esa nación suramericana como un "oasis" de crecimiento económico, en una región convulsionada.
Es que la creciente desigualdad, los bajos salarios y pensiones, y el excluyente sistema privado de casi todos los servicios esenciales, como el agua, la salud y la educación, no estaban en la agenda diaria de la Casa de la Moneda, y no fue hasta que llegó el estallido social que Piñera pidió "perdón" a sus compatriotas, y trató de reaccionar.
La "agenda social"
Tres días después de haberle declarado la "guerra" a un enemigo "muy poderoso", y ante la continuidad de las protestas, el 23 de octubre el jefe de Estado reculó para anunciar un paquete de medidas urgentes, destinadas a atender las "legítimas necesidades y demandas sociales".
En un solo movimiento, el Gobierno creó un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 481 dólares) para los trabajadores con jornada completa, elevó la pensiones 20 %, envió un proyecto de ley al Parlamento para dejar sin efecto el incremento de las tarifas eléctricas, otro para elevar en 5 % la tasa de impuestos a los sectores de mayores ingresos, entre otras disposiciones.
Con nuevos reclamos, como la desmilitarización de las calles, el cese de la represión, el castigo a los responsables por las 19 muertes registradas desde el inicio de la crisis, e incluso la renuncia del presidente Piñera, las protestas no solo continuaron, sino que además se tornaron más importantes y, en ocasiones, violentas. Tanto es así, que la del viernes 25 de octubre fue considerada la más masiva desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
Fin del estado de emergencia y cambios en el Gabinete
La madrugada del domingo 26, el Gobierno levantó el estado de emergencia que había decretado una semana antes para responder a la serie de incendios, barricadas y saqueos que ya se registraban en Santiago y otros distritos del país. Desde ese momento, cada vez que los chilenos salieron a protestar, se aplicaron toques de queda nocturnos, que se fueron reduciendo hasta ser levantados en su totalidad el lunes. Acaso el presidente y sus asesores creyeron que aquella congregación histórica, la 'más grande de Chile', sería la última.
Con el objetivo de descomprimir la grave crisis política, el mandatario recurrió a una vieja receta que suele ser aplicada por los Gobiernos de la región cada vez que tambalean ante el descontento popular: Piñera decidió cambiar a ocho de sus ministros, incluyendo mayor participación femenina y un plantel más joven, con funcionarios de menos de 50 años. Las carteras de Hacienda, Economía, Interior y Trabajo y Previsión Social, entre otras, tienen nuevos titulares desde el lunes.
"Este equipo tendrá la misión de escuchar y abrir diálogo hacia un Chile más justo", dijo Piñera en conferencia de prensa. Pero los anuncios no hacían mella en las afueras de la Moneda, donde los manifestantes se enfrentaban a las fuerzas de seguridad en un ambiente caótico.
"Un fin de año muy malo"
El flamante ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, señaló en declaraciones a radio Cooperativa que "el clima que todavía no se apaga" y "los destrozos", generarán una merma en las inversiones, por lo que adelantó que el país vivirá "un fin de año económico muy malo", según reproduce La Tercera.
En ese sentido, Briones alertó sobre problemas fiscales ante el "endeudamiento" al que tuvo que recurrir el Gobierno para responder a los reclamos sociales: "Si no somos capaces de recuperar la inversión, el próximo año vamos a tener un resultado que vamos a lamentar, y que va en contra de esta agenda social que requiere recursos".
En este contexto, se conoció el informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que estima que los bancos ya acumulan ganancias por 2.006.981 millones de pesos (unos 2.756 millones de dólares) al tercer trimestre de este año.
Abusos policiales
Debido al accionar represivo del Gobierno frente a las manifestaciones, este martes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó un total de 101 denuncias contra las fuerzas públicas. Entre ellas, cinco acusaciones por homicidios, 18 por delitos de violencia sexual, y 54 por presuntos casos de tortura.
Además, el organismo no gubernamental contabilizó un total de 1.132 personas heridas y 3.243 detenciones, desde el 17 de octubre hasta este lunes 27.
⭕ [Última actualización] Cifras recopiladas directamente por el INDH en observaciones a manifestaciones, comisarías y hospitales desde el 17 de octubre hasta hoy a las 11:30 horas. pic.twitter.com/SojWVBhxRG— INDH Chile (@inddhh) 28 de octubre de 2019
La desigualdad social, eje de las demandas
Si bien son varios los informes que avalan el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de Chile, una dispareja distribución del ingreso, arrastrada desde que se implementó el modelo neoliberal con el golpe de Estado de Pinochet, en 1973, ha generado una mayor desigualdad social que la que se registra en otros países menos exitosos.
De acuerdo al último informe Panorama Social de América Latina, que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1 % más acaudalado de Chile se quedó en 2017 con el 26,5 % de la riqueza, mientras que el 50 % de los hogares menos favorecidos solo accedió al 2,1 % de los bienes generados en el país.
Esa desigualdad, sumada a las dificultades que padecen las familias de clases medias y bajas para acceder a servicios básicos, con bajos salarios y un fuerte endeudamiento, explican el origen del descontento y las razones por las cuales permanece vigente el disconformismo, más allá de los cambios de urgencia adoptados por el Gobierno.
Tras haber "escuchado" y atendido con su "agenda social" la exigencia de cambios que son más bien estructurales, en La Moneda confían en que la falta de un interlocutor válido, ante la heterogeneidad y falta de liderazgos definidos de estos colectivos, haga que en pocos días las protestas se vayan diluyendo. Por ahora, eso no ha sucedido.
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