La demanda coactiva fue presentada contra el exalcalde del Granado y otros funcionarios por la demolición de un inmueble, bajo el argumento de que se construyó en predios ediles. La Justicia falló en contra de la Alcaldía y en favor de la familia Brun
La Contraloría General del Estado (CGE) presentó este lunes una demanda coactiva contra el exalcalde de La Paz Juan del Granado y otros exfuncionarios ediles para reparar un presunto daño económico de Bs 19,9 millones al Municipio por el caso Brun o la demolición de una vivienda en mayo de 2000.
A través de un comunicado, se explicó que la determinación fue tomada luego que el Gobierno Municipal de La Paz, bajo administración de Luis Revilla, informara el 16 de mayo que no iniciará ninguna acción coactiva fiscal, tal como sugirió la Contraloría el 4 de abril de este año.
"En ese sentido, la Contraloría General del Estado (CGE) presentó hoy (lunes una) demanda coactiva", señala parte del comunicado, en el que se detalló que una auditoría evidenció que por el caso Brun existe un daño economómico al Estado de Bs 19.924.748.
Según publicó Erbol, en su portal digital, el caso se radicó en el Juzgado 4to de Partido Administrativo y entre los demandados están ocho personas, entre ellas Del Granado, el exconcejal Roberto Moscoso y la abogada Aida Camacho.
Del Granado no conocía sobre la demanda y anunció a Erbol que se pronunciará una vez se entere sobre el contenido del proceso.
El 23 de mayo de 2000, en la gestión de Del Granado, la Alcaldía demolió la casa de Juan Brun Guzmán construido sobre 322,50 metros cuadrados en la avenida Costanera, en la zona Sur de La Paz, bajo el argumento de ser un predio municipal.
Dos años después, un juez 1º de Partido Civil y Comercial emitió una sentencia y dispuso que la Alcaldía "pague una indemnización por haber incurrido en un hecho ilícito generador de responsabilidad a favor de Juan Brun y Margarita Andrade de Brun", quienes probaron tener el derecho propietario.
Nueve años después de la demolición, la entonces Corte Superior de Justicia confirmó el fallo y fijó en Bs 11,8 millones el resarcimiento. No obstante en 2015 se hizo un avalúo de Bs 19,9 millones.
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