El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, explicó el jueves que la situación jurídica de los imputados por el robo de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) se agravaría si se comprueba que financiaron a grupos de choque que atacaron entidades públicas en manifestaciones por el 21F, como reveló el implicado y ex funcionario, Hubert Gil.
"Si el extremo hubiera sido para ese fin se complica la situación para los imputados, porque viene a consolidarse otro tipo de delitos como subversión en contra del Estado Plurinacional de Bolivia (...), vamos a ser objetivos, técnicos y científicos para determinar los extremos de las nuevas circunstancias en torno al robo de Cotas", dijo a los periodistas.
Actores políticos de oposición realizaron varias movilizaciones a nombre de plataformas ciudadanas que representan al denominado 21F, en rechazo a la postulación del presidente Evo Morales en las elecciones generales de este año.
Echegaray dijo que la investigación de ese caso es compleja y tiene varias aristas y que no solo se circunscriben al robo mediante la compra de electrodomésticos, sino a otras acciones que están al margen de la ley y que pueden derivar e nuevos tipos penales, como delitos que atentan contra el Estado y que tienen mayor sanción penal.
La autoridad no descarta que se tenga que investigar a representantes de organizaciones cívicas o políticas que incentivaron esas movilizaciones, que derivaron en actos vandálicos como la destrucción de edificios de Estado en meses pasados.
"Se tiene que verificar las fuentes de financiamiento para determinar el destino de las salidas de los recursos extraídos a Cotas y si han ido a estos grupos irregulares que han originado zozobra e incertidumbre", agregó.
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