El discurso y la política del mandatario ultraderechista amenaza a la sociedad civil, principalmente a las organizaciones de defensa medioambiental y derechos humanos.
Cuando aún estaba en campaña electoral, el ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo una declaración sin cortapisas: "Vamos a colocar un punto final en todos los activismos de Brasil". Con un claro discurso de oposición a la sociedad civil, en el que ha amenazado a las ONG de bloquearles la entrada de dinero del gobierno y a movimientos sociales de ser "tipificados como terroristas", el mandatario no se ha demorado en comenzar a hacer cumplir sus promesas.
Durante el primer día como Jefe de Estado, Bolsonaro concedió una nueva misión a la Secretaria de Gobierno, dirigida por el ministro y general de la reserva Carlos Alberto Dos Santos Cruz, que consiste en "supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional", tal y como explica la Medida Provisional (MP) 870, que así lo dispone.
"La Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República siempre tuvo el papel de interlocución con la sociedad civil y de articulación de la participación social, nunca de control. Esta medida es abiertamente ilegal, tendrá que ser revertida sea con una nueva MP o a través de la Justicia", declaró Juana Kweitel, directora ejecutiva de la ONG Conectas Derechos Humanos.
No obstante, Dos Santos afirmó el pasado viernes, en entrevista con la BBC News Brasil, que no pretende revisar la MP 870 porque el objetivo es "simplemente coordinación y obtener mejores resultados". De igual forma, aseguró que el Ejecutivo no tiene la intención de intervenir en las acciones de las ONG.
Por otro lado, Dos Santos dijo que la generalización con las ONG era "complicada" porque "hay buenas y otras no tan buenas". "Existen las ideológicas, hay otras dedicadas absolutamente al trabajo filantrópico o humanitario", añadió el ministro, quien al ser consultado sobre las acciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de los Trabajadores Sin Techo (MTST), respondió: "cualquiera que pase determinado límite puede ser clasificado como terrorista. Ahora existe la ley".
"Aumentará la criminalización"
"Tenemos que tipificar como terroristas las acciones de estos marginales", había afirmado Bolsonaro en referencia al MST y al MTST, en mayo de 2018, así como en repetidas ocasiones hasta su victoria de las elecciones en noviembre. Guilherme Boulos, líder del MTST (movimiento que lucha por el derecho a la vivienda y a la vida digna a través de la ocupación de terrenos urbanos), quien también fue candidato a la presidencia en estas pasadas elecciones, denunció ante el Parlamento Europeo la persecución del tercer sector, así como las amenazas a la libertad de prensa, de manifestación y de expresión.
"Tenemos muchos motivos para pensar que aumentará la criminalización de los movimientos sociales y se intensificará la violencia", declaró Boulos. El 7 de diciembre, dos activistas del MST fueron asesinados en el asentamiento Dom José Maria Pires, en el estado norteño de Paraíba. Los homicidas, que llegaron enmascarados, dispararon mortalmente contra Rodrigo Celestino y José Bernardo da Silva, este último hermano de Osvaldo Bernardo, coordinador del Movimiento de los afectados por represas en Paraíba, que está bajo el sistema de protección de derechos humanos.
Justo tres días después, con motivo de la conmemoración del 70ª aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa de São Paulo entregó el premio Santo Dias de Derechos Humanos al director del MST, João Pedro Stédile, quien alertó de las intenciones del Proyecto de Ley PLS 272/2016, que está siendo discutido en el Senado, de tipificar movilizaciones sociales como actos terroristas.
Este PSL, junto con el PSL 272/2016, son propuestas que plantean el endurecimiento de la Ley Antiterrorista 13.260/2016, aprobada en marzo de 2016, incorporando las consideraciones que habían sido previamente eliminadas. Entre ellas figuran la "motivación ideológica, política, social y criminal", así como "discursos y opiniones" tipificados como "apología al terrorismo", lo que podría censurar una gran parte de críticas.
Derechos vs. intereses
El pasado 10 de diciembre, la Asamblea Legislativa de Mato Grosso entregó una mención de honra del Premio de Derechos Humanos del Padre José Ten Cate a la Organización Amazonia Nativa (OPAN), en reconocimiento de su trabajo de defensa del ambiente y de los pueblos indígenas.
Mato Grosso es uno de los estados brasileños con mayor índice de conflictos entre grandes latifundiarios y poblaciones indígenas, y también ostenta el récord de hectáreas de selva amazónica deforestada, así como de plantaciones de soja y algodón. "Más de 15% del territorio nacional está demarcado como tierra indígena y quilombola. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados del Brasil de verdad, explotados y manipulados por las ONG. Vamos, juntos, a integrar a estos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños", publicó el actual presidente en su cuenta de Twitter, el 2 de enero.
En este contexto, el trabajo de las organizaciones de regiones como Mato Grosso también está siendo deslegitimado por grandes emprendedores que consideran que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas o del medio ambiente pudiese ser un obstáculo para sus intereses.
En noviembre de 2018, Roberto Preto, presidente de la Cámara de Brasnorte, un municipio matogrosense, declaró en un vídeo que la OPAN no genera beneficios para la localidad: "lo único que hace es obstaculizar". Por esa razón, el vocero hizo un llamado para que la población participe en una audiencia pública para la construcción de una hidroeléctrica que había sido paralizada por el Ministerio Público por ausencia de la consulta previa a los pueblos afectados.
En la grabación, Preto defendía los intereses económicos de tal inversión y acusaba a las ONG de la región de "usar al pueblo indígena" para oponerse a tal proyecto.
Espacios de diálogo
En entrevista con este medio, el coordinador de la OPAN, Ivar Busatto, explica que está ocurriendo "una gran campaña de criminalización y deslegitimación de las organizaciones y movimientos que luchan por la defensa de ciertos derechos desde hace una década y que han ganado fuerza en los últimos años".
"Las ONG estamos siendo vistas con bastante desconfianza, necesitamos continuar actuando siempre en la legalidad, mostrar nuestro trabajo y demostrar que los derechos que defendemos no se sobreponen al resto de derechos", añade Busatto, quien considera que, aunque el panorama es adverso, será necesario abrir espacios de diálogo. "Todos tenemos interés en que la sociedad progrese", sostiene.
No obstante, las ONG y los movimientos sociales intentan acelerar sus trabajos con miedo a que el Ejecutivo cumpla su amenaza de obstaculizar la entrada de financiación nacional y extranjera para la sociedad civil.
"El gobierno se muestra claramente contrario a las ONG y a los movimientos sociales, los mete en un saco del mal y los tacha de izquierdistas y comunistas", explica Lucio Andrade Hilário, en el cargo de Defensor del Pueblo de la Defensoría Pública del estado de Mato Grosso. "Estoy preocupado porque este gobierno ya ha demostrado que no quiere diálogo, que quiere imponer su pensamiento", añadió.
Andrade afirma que la Defensoría Pública estará siempre intentando cumplir su misión de guardiana de la Constitución y considera que, en esta situación, la sociedad civil "debe mostrar su cara más que nunca". Y enfatiza: "No hay que retraerse frente a esta onda neofascista de criminalización. Hay que intentar estar presentes, por lo menos, en el embate de las ideas".
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