En dos de los tres procesos pendientes contra ex y actuales funcionarios municipales se recomendó la recuperación de los recursos pagados como sueldos en cargos observados en la Alcaldía de Cochabamba.
Existen procesos formales contra las exfuncionarias Luz Rojas y Andrea García, exintendenta y exdirectora de Género Generacional y Familia, respectivamente, y el actual secretario Ejecutivo, Alex Contreras.
La Contraloría General del Estado (CGE) ya emitió informes respecto a las primeras dos.
ROJAS Hace un par de días, se conoció un informe de la Contraloría sobre el pago de remuneraciones a la directora de la Intendencia Municipal de Cochabamba. En el documento se establece “indicios de responsabilidad civil solidaria”, por lo que se recomienda la recuperación d 411 mil bolivianos por concepto de pago de sueldos, aportes patronales y aguinaldos del período de junio de 2015 a agosto de 2017.
En el proceso están incluidos Rojas, el alcalde José María Leyes, el exsecretario Eduardo Galindo y una exjefa de departamento.
La exintendenta manifestó ayer que no fue notificada y que evaluará acciones junto a su abogado.
Sin embargo, cuestionó la determinación. “Más bien, voy a pedir que me de la Contraloría las horas extras que he trabajado. Como todos sabes, Luz Rojas ha sido la única funcionaria que ha trabajado, como el Alcalde, como se debe. No nos pueden hacer todo esto”.
El concejal Edwin Jiménez aclaró que hay 10 días de plazo para presentar descargos.
GARCÍA Sobre el caso de la exdirectora de Género Generacional y Familia, el concejal Jiménez recordó que la Contraloría ya emitió un informe en el que también se recomienda la devolución de más de 40 mil bolivianos por el pago de haberes.
CONTRERAS El caso del Secretario Ejecutivo está en manos del Concejo Municipal. Contreras, para demostrar que su designación fue legal, expuso un decreto municipal que avala su cargo sin necesidad de exigir los requisitos establecidos en el manual de funciones. Aclaró que el decreto está por encima del manual.
El concejal Sergio Rodríguez expresó que no es así. Además, dijo ayer que “desconfía” de los documentos que presentó Contreras, y envió una nota a la Dirección de Educación para conocer la veracidad del diploma de bachiller, en el que observó un sello incompleto y la fotografía. Por otro lado, pedirá informes a las Fuerzas Armadas, porque aseguró que en la libreta militar de redención presentada por el Secretario figura la emisión con 21 años de edad, cuando ese documento solo puede otorgarse a partir de los 23 años.
La concejala Rocío Molina acotó que este caso es similar al de Rojas y García.
“Quienes han vulnerado esa norma, no solamente con relación a las personas que han sido contratadas sino quienes las han contratado, deben ser sancionados”.
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