El hombre que firmó, como representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, el contrato para las mochilas busca que se realice un careo con los empresarios. Mantiene la postura de que fue usado y sus acciones no tuvieron dolo, según su abogado Fernando Santivañez.
Néstor G. M. solicitó en tres oportunidades que se realice un careo con los dueños de la Asociación Accidental. Sin embargo, no lo aceptaron.
“Entonces, según procedimiento, he solicitado que esa decisión sea revisada por ente superior jerárquico. En este caso, se trata del Fiscal Departamental. Estoy esperando que se resuelva”, explicó Santivañez.
Agregó que lo que se busca es el sobreseimiento de Néstor. “No iremos a un abreviado, porque eso sería aceptar responsabilidad que mi cliente no tuvo. Nunca tuvo dolo de su parte. Corresponde que se le libere de cargos”, aseveró el abogado.
Néstor G. M. firmó el contrato por las 92 mil mochilas escolares que se entregaron en la presente gestión. Puso su firma en calidad de representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, pero explicó que fue engañado.
Supuestamente, el dueño de la empresa, Juan de Dios M., es conocido suyo y le pidió el favor de firmar el contrato, ya que él se encontraba en Santa Cruz. Asegura que fue utilizado como un palo blanco, pues le ofreció un monto de dinero a cambio y desconocía todas las irregularidades que pudieron cometerse.
Estuvo dos meses en la cárcel con detención preventiva y ahora se defiende en libertad para demostrar su inocencia. En el caso Mochilas I, existen al menos 12 imputados y queda poco más de un mes de plazo para la acusación.
Mochilas II
La revelación de que el exfuncionario José Miguel Padilla fue hasta Miami acompañado de familiares, para entregar 45 mil dólares del dinero de las mochilas, puso la lupa en su cuñado.
Fuentes relacionadas con el caso develaron que Eduardo de U. tenía relación con el municipio desde antes de que Padilla fuera funcionario, pues se adjudicó la construcción de un tinglado.
En efecto, se identificó una licitación del 3 de diciembre de 2015, en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Se presentaron seis empresas proponentes.
Tres de éstas tenían precios inferiores al propuesto por Eduardo. Aún así, ganó y se adjudicó el proyecto de construcción de tinglado en la unidad educativa San Isidro por un costo de 441.817 bolivianos.
La duda también se genera pues según el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Padilla, el alcalde José María Leyes y el cuñado tenían un estudio jurídico desde 2007.
Según declaró Padilla a la Fiscalía, el estudio no llegó a funcionar plenamente. No obstante, esto revela la relación cercana que existía entre estas tres personas.
Además, existen otras denuncias en las cuales se menciona la participación de los tres. Por ahora, Leyes permanece con detención preventiva en San Antonio y Padilla, con domiciliaria.
CERCA DEL FIN, EL PLAZO PARA ACUSAR
Los casos Mochilas I y II tienen entre 12 y 14 imputados cada uno. El plazo de seis meses para el fin de la fase preparatoria se comenzó a computar desde la última imputación, que fue en agosto.
Es así que el Ministerio Público tiene hasta inicios de 2019 para acusar, sobreseír o buscar una salida alternativa del caso.
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