Una ley para la reducción de salarios de funcionarios ha ocasionado protestas y posicionamientos polémicos por parte de jueces, magistrados y ministros de la Corte, quienes perciben sueldos más altos que en países como EE.UU.
La tensión inédita entre el Poder Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial es el resultado de la crisis política que se vive en México, por una ley que busca bajar el sueldo millonario que perciben jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, expertos consultados por RT sostienen que la disputa entre los Poderes que sostienen al Estado mexicano podría golpear la confianza en las instituciones, en un contexto donde la concentración de poder pone en entredicho los contrapesos propios de una democracia.
El origen del problema
La crisis surgió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con ayuda de su mayoría legislativa en las dos cámaras del Congreso, impulsara una 'ley de austeridad' que obligaría a funcionarios públicos, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, areducir sus altos sueldos.
De este modo, la Ley de Remuneraciones aprobada por el Congreso establece que "ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación", cuyo sueldo será de 108.000 pesos al mes (5.348 dólares).
Ante la inconformidad de diversos afectados por la medida, y las impugnaciones realizadas por el bloque opositor en el Congreso y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que considera que la ley aprobada viola los derechos humanos), será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ente encargado de declarar la validez constitucional de dicha reforma de ley, pese a ser juez y parte en la disputa.
Un escenario que ha puesto contra la espada y la pared al Poder Judicial, al mismo tiempo que se ha desatado una enorme polémica por los altos ingresos que perciben jueces, magistrados y ministros de la Corte en un país como México, donde el 99% de los delitos quedan impunes.
Altos sueldos
Actualmente, un ministro de la SCJN en México, ya con bonos y otras prestaciones, percibe ingresos mensuales por 578.186 pesos (28.635 dólares), según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018.
Los altos sueldos y las prestaciones con las que cuentan los ministros de la Corte en México incluso superan al que perciben sus homólogos en países como EE.UU., Canadá, Gran Bretaña y España.
"No tengo la menor duda de que son los servidores mejor pagados del mundo, sólo Donald Trump gana más que el presidente de la SCJN y hay datos", aseguró López Obrador el pasado 11 de diciembre, durante una de sus habituales conferencias matutinas.
El sueldo del presidente de EE.UU., según lo establecido en la ley de ese país, es de 400.000 dólares al año, equivalentes a 33.330 dólares al mes (676.500 pesos).
Pero los ministros de la Corte no son los únicos funcionarios del Poder Judicial que reciben sueldos por encima del actual presidente de México.
Un juez de distrito percibe la cantidad de 132.431 pesos mensuales (6.558 dólares). Asimismo, un magistrado de la Sala Superior gana 264.030 pesos (13.076 dólares), mientras un magistrado de la Sala Regional y Visitador recibe por sus servicios 149.559 pesos (7.407 dólares).
Todo esto, sin contar las múltiples prestaciones con las que cuentan los jueces y magistrados, las cuales incluyen onerosos pagos de aguinaldo, primas de riesgo y una larga lista de beneficios, los cuales incluyen:
- Seguro de vida institucional
- Seguro colectivo de retiro
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de separación individualizado
- Ayuda de gastos funerales
- Ayuda por incapacidad médica permanente
- Ayuda de anteojos
- Estímulo por antigüedad
- Estímulo por jubilación
- Licencia prejubilatoria
- Pago de defunción
- Ayuda de despensa
- Estímulo día de la madre
- Estímulo día del padre
- Fondo de reserva individualizado
- Pago de horas extraordinarias
- Prestaciones de seguridad social
Todas estas, prestaciones y beneficios muy por encima de lo que percibe un trabajador común en México.
Protestan los jueces y magistrados
Ante la presión del Ejecutivo y el Legislativo, así como el reclamo de un sector importante de la opinión pública, un grupo de jueces denunció una maniobra política para acabar con la autonomía del Poder Judicial.
Fue así, que, en un hecho sin precedentes, el pasado 10 de diciembre, más de 1.410 jueces y magistrados en todo el país salieron a protestar por la ley impulsada desde el Ejecutivo y el Legislativo.
A nombre de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, el magistrado Luis Vega Ramírez, señaló que más allá de un tema de salarios, existe un intento de vulnerar el Estado de derecho y debilitar el sistema de contrapesos.
"Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas (...) para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso", sostuvo Vega Ramírez.
"El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones", añadió.
Hasta el momento, 6.271 funcionarios del Poder Judicial y otros órganos del gobierno federal, han presentado 2.772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, según datos del Consejo de la Judicatura Federal.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones para el presupuesto del próximo año. Un asunto que, a su vez, fue impugnado legalmente por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.
Una ley mal hecha y falta de justicia
Para Pedro Salazar Ugarte, abogado constitucionalista y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el problema de fondo tiene varias aristas y tiene que ver con un intento atrabancado de sacar adelante la agenda política del presidente y los problemas estructurales que enfrenta el Poder Judicial.
"Hay una pieza clave en esto. El tema de que sea remuneraciones y salarios le da un grado de conflictividad importante, porque es un tema muy sensible en un país donde hay una profunda desigualdad y porque hay cargos públicos que se han excedido en el monto de sus remuneraciones, esto sí es un hecho", asegura Salazar en entrevista.
El experto considera que, más allá de lo atinado que pueda ser la política de reducción salarial, la Ley de Remuneraciones aprobada por el Congreso es una ley deficiente en muchos aspectos de técnica legislativa, un factor que ha contribuido a acrecentar el problema.
"La ley que aprobaron los legisladores en el Congreso es muy defectuosa. Una ley que sacaron al vapor, que se había presentado hace muchos años y la tenían ahí guardada en un cajón, y la sacaron sin hacer una verdadera revisión técnica, una ponderación de sus efectos, sus alcances, sus destinatarios. Y eso lo que sí genera es mucha incertidumbre en una multiplicidad de actores", sostiene.
En este sentido, el académico considera que el Congreso podría aprobar una nueva ley más precisa y mejor redactada, que permita solucionar el conflicto.
Sin embargo, el académico también consideró errada la protesta realizada por jueces y magistrados del Poder Judicial.
"Más allá de las remuneraciones, salir en este contexto a decir que la independencia del Poder Judicial depende de que no cambien las reglas, es muy desafortunado, porque supondría que el Poder Judicial no tendría problemas, cuando sí los tiene", señala.
Entre los problemas estructurales que enfrenta el Poder Judicial en México, de acuerdo con el especialista, se encuentran casos de nepotismo, corrupción y un déficit importante en la impartición de justicia.
"Es un Poder Judicial que nos ha quedado a deber desde el punto de vista de su integración, su consolidación y la impartición de justicia. Sí es un Poder Judicial, sobre todo a nivel federal, porque a nivel local son muy variopintos, que sigue operando con lógicas corporativas que no corresponden a la nueva realidad política de un Estado en el que, desde el punto de vista electoral, el país transitó hacia la democracia", dice Salazar Ugarte.
"El Poder Judicial no ha logrado tampoco ser un actor que dé confianza a la ciudadanía. Tiene déficits muy importantes de desconfianza. Y en ese sentido, sí hay defectos de nepotismo, de déficit meritocrático, de endogamia y también algunos muy puntuales, pero relevantes y sonados, problemas de corrupción. Problemas a los que hay que dar una buena revisada y sacudida", agrega.
Al ser cuestionado sobre la crisis política que enfrentan los Tres Poderes del Estado mexicano, Salazar considera que este choque traerá un desgaste para el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo para el Poder Judicial, cuyo desgaste será por partida doble, ya que "están perdiendo la batalla mediática en el tema de las razones de fondo en su objeción a la ley, está pareciendo que lo que están defendiendo son privilegios y canonjías".
"Si el Poder Judicial hace su trabajo institucional como jueces, va a tener que declarar la Ley de Remuneraciones al menos parcialmente inconstitucional y ese hecho, que jurídicamente sería lo procedente, va a generar un desgaste político, porque ante la opinión pública mayoritaria va a parecer que en realidad lo que hicieron fue tomar una decisión autointeresada. Aquí todos pierden, ha sido muy desafortunado este encontronazo", concluye.
¿Un riesgo para la división de poderes?
En un sentido similar, otros especialistas consideran que detrás de la iniciativa se esconde un intento del nuevo régimen político, encabezado por el presidente López Obrador, para controlar el Poder Judicial.
"Básicamente lo que se pretende es controlar al Poder Judicial", dice Javier Carrasco Solís, director Instituto de Justicia Procesal Penal.
"¿Y cómo lo pretenden controlar? Creando esta aversión del pueblo en contra del Poder Judicial por los salarios que tienen, tan altos. Es una forma de que el pueblo pida las reformas y la opinión pública esté a favor, pero detrás de esto es el control total y absoluto, y eso sí es un riesgo para la división de poderes que es vital para una democracia sana. No podemos tener una democracia cuando todo el poder está concentrado en una persona", señala.
Carrasco considera que, más allá de "las malas decisiones que se han tomado en asuntos relevantes" dentro del Poder Judicial, existe un intento de López Obrador por intervenir en los aparatos de impartición de justicia, tal como sucedió con el nombramiento de la terna que envió al Senado para el nombramiento de un nuevo ministro de la SCJN, en la cual se incluían dos militantes de Morena, su partido político.
Menciona que, además, el Partido del Trabajo, aliado de López Obrador, presentó una iniciativa de ley para reformar la Constitución y que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular, luego de que el Senado haga una preselección de los ministros. Un asunto que Carrasco percibe como una maniobra para que el Ejecutivo logre controlar al Poder Judicial.
"Si metemos la influencia política del Ejecutivo al Poder Judicial, el balance de poderes se va a perder", advierte.
¿Una salida negociada a la crisis?
Mientras el conflicto sigue, diputados y ministros de la Corte se reunieron para tratar de solucionar el conflicto y llegar a un posible acuerdo ante la urgencia de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto del próximo año.
En dicha reunión, convocada por el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y en la cual estuvo presente el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, acordaron que la reducción de los sueldos al interior del Poder Judicial aplicará sólo para los futuros jueces, magistrados y ministros.
"Son ellos los que fijan y definen su salario. La Corte, en su proyecto de presupuesto para el 2019 del Poder Judicial, que presentaron al Ejecutivo y que así llegará el próximo sábado, tiene un recorte de 5.000 millones de pesos (246 millones de dólares)", aseguró Delgado Carrillo al término de la reunión.
Sin embargo, todavía no queda claro cómo se resolverá la crisis, debido a las contradicciones presentes en la Constitución.
Por un lado, el artículo 127 constitucional, en el que se especifica que nadie puede ganar por encima de lo que gana el Presidente de la República. Pero por otro lado, el artículo 94 constitucional señala que no se puede reducir el salario de jueces, magistrados y ministros que ya han asumido el cargo.
Una disputa legal y política aún por resolverse, y que ha marcado el inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de una batalla campal entre los Tres Poderes, en medio de un cambio de régimen político.
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