El jurista Juan Lanchipa Ponce juró el martes por la mañana como nuevo Fiscal General del Estado con el compromiso de recuperar la credibilidad del Ministerio Público tan venida a menos en los últimos tiempos.
En un acto que se realizó en instalaciones de la Vicepresidencia, Lanchipa agradeció la designación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que, a su juicio, lo eligió por "considerar sus méritos académicos y profesionales" y reconoció que el Ministerio Público enfrenta una de las peores crisis "que ha lastimado la imagen" de esa entidad.
"La prioridad será recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad", remarcó y agregó que cumplirá esa tarea "con base a una voluntad transformadora y un cambio de actitudes y practicas procesales que debe irradiarse a todos servidores pertenecientes al ministerio público".
Lanchipa, que fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, exdirector de Diremar y expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz obtuvo 116 votos de un total de 152 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El ahora Fiscal General del Estado dijo que asume ese cargo consciente de que esa institución enfrenta tiempos de duras críticas y cuestionamientos de la sociedad y con "muchos problemas en la investigación y persecución penal de los delitos, duración prolongada de los proceso penales y altos índices de abuso de la detención preventiva".
En ese sentido, afirmó que "el Ministerio Público puede y debe esclarecer y sancionar eficazmente los hechos delictivos en el marco de la rigurosa observancia de los derechos y garantías de los justiciables", en el marco de los principios constitucionales de legalidad, oportunidad, responsabilidad y autonomía.
"Asumo esta responsabilidad con profunda conciencia de los deberes que me toca encarar como servidor público, pensando en las personas que acuden al sistema de justicia penal a reclamar legítimamente la defensa oportuna de sus bienes y derechos frente al delito, como también en quienes son procesados penalmente y reclaman que se les resuelva su situación jurídica en un plazo razonable y respetando sus derechos y garantías constitucionales", aseguró.
Además, consideró que el Ministerio Publico "debe concebir una renovada organización centrada en la persecución planificada y estratégica de los delitos" y ratificó el cumplimiento de acuerdos internacionales durante su gestión.
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