3 declaran por mochilas y cámaras y libertad de Leyes está en suspenso


La alcaldesa suplente temporal de Cochabamba, Karen Suárez; el secretario de Asuntos Jurídicos, Jorge Ibáñez; y la exdirectora de Seguridad Ciudadana Velka Krelac declararon ayer por la presunta corrupción en la compra de mochilas y cámaras de la Alcaldía. Los primeros, como testigos en el proceso por los útiles. En tanto, el alcalde José María Leyes acudió a una audiencia de acción de libertad (a petición de sus abogados) y logró la suspensión de su declaración informativa sobre el proyecto Ciudad Inteligente, Ciudad Segura, tras la que existía la probabilidad de aprehensión por tercera vez.

El Alcalde será trasladado hoy a audiencia de revocatoria por Mochilas I. El Ministerio Público pedirá su aprehensión y la defensa la suspensión de la cautelar, puesto que el juez Anticorrupción debía emitir un fallo para esclarecer el riesgo de obstaculización. El lunes, los vocales le dieron 72 horas pero aún no fue resuelto. Leyes cumple detención domiciliaria, desde el 21 de abril.

Cerca de las 14:30 horas de ayer, el Alcalde llegó al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Vestía una camisa a cuadros y un chaleco verde (color de su partido), y sostenía una mochila negra en el hombro. Ingresó a la Sala Penal No. 4 acompañado de sus abogados. Después de dos horas en audiencia, la autoridad abandonó el edificio y, mientras un grupo de simpatizantes gritaba “¡Fuerza José María. No estás solo!”, él levantó el dedo pulgar en señal de aprobación. Una asambleísta y el dirigente del mercado La Pampa Ronald Durán asistieron para apoyarlo, entre los más conocidos.

Durante la audiencia, Leyes tomó la palabra e indicó que sus derechos eran vulnerados debido a que fue citado a declarar por la compra de cámaras sin previa auditoría del proyecto. Su abogado, Humberto Trigo, aclaró que en la acción de libertad se presentó una queja sobre la “incompetencia” de la instancia investigadora. Para la defensa, los supuestos hechos de corrupción deben ser analizados primero por la Contraloría General del Estado. Sin embargo, la jueza Norma Arnez no resolvió la causa. “La autoridad judicial nos dice que el reclamo se debe hacer ante el mismo juez Anticorrupción”. El 12 de octubre, los abogados presentaron a ese Juzgado la excepción especial y previo pronunciamiento de incompetencia, que a la fecha no fue resuelta.

Por su parte, el fiscal del departamento, Óscar Vera, aseguró que la acción de libertad fue una “maniobra” para evitar la declaración informativa por el caso de las cámaras. “No es más que un acto dilatorio y de obstaculización. En audiencia se demostró que el señor Leyes lo único que buscó fue no asistir a la declaración a la que ya había sido convocado”.

Mochilas I La alcaldesa Karen Suárez prestó por primera vez una entrevista informativa por el caso de presunta corrupción en la adquisición de útiles. Estuvo por casi dos horas, desde las 08:30, en la Fiscalía, a petición de los abogados de José María Leyes, que consideraron oportuna su intervención. Antes, hace una semana, la autoridad evitó declarar en el caso, argumentando que es parte querellante.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Jorge Ibáñez, inicialmente debió declarar a las 09:00, pero suspendieron el acto para las 15:00 horas, informó la defensa del Alcalde. 

Suárez manifestó que la Alcaldía ya se querelló contra José María Leyes y los funcionarios involucrados en el proceso de contratación de las mochilas escolares. “Hemos dado cumplimiento a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”. 

Cambios 

A las 14:45 inició la acción de libertad. A las 15:45 se programó la declaración, pero se suspendió por los horarios. 

Exdirectora dice que hay actas de recepción

La exdirectora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba Velka Krelac aseguró que sí se recepcionó los equipos del proyecto Ciudad Inteligente, Ciudad Segura, ayer en su declaración informativa por la presunta corrupción en la compra de las cámaras.

El 7 de septiembre, el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, señaló que no existía un acta de recepción de acuerdo a la información que remitió la Alcaldía y el cruce de datos con la Contraloría General del Estado y otras instituciones estatales. “No existe documento. Si hicieran aparecer un acta de recepción posterior a esta denuncia, está claro que no figuraba en el proceso de contratación”. En esa oportunidad, denunció el presunto sobreprecio de más de 29 millones de bolivianos en la compra de equipos, cámaras y la construcción de torres de comunicación para el proyecto.

Sin embargo, Krelac afirmó: “Sí se han realizado las recepciones correspondientes, (los documentos) se llaman informes de conformidad de recepción”.

En su declaración, señaló que el municipio cursó las invitaciones a varias empresas después de un estudio de un consultor especializado en el área. Solo dos instituciones se presentaron y se adjudicó al precio más bajo. 

Apuntes

Sobreprecio  

El 7 de septiembre, el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Diego Jimenéz, denunció un presunto sobreprecio de 29 millones de bolivianos en el proyecto Ciudad Inteligente, Ciudad Segura. “De las investigaciones preliminares se estableció un daño económico de 29 millones de bolivianos. El software con la empresa Huawei SRL y en la instalación de torres con Hansa Ltda”. 

15 denunciados 

La denuncia por las supuestas irregularidades en la compra de cámaras fue presentada contra el alcalde José María Leyes, la directora de Seguridad Ciudadana, Velka Krelac, el exsecretario municipal de Finanzas, Diego Moreno, el exsecretario de Desarrollo Humano, Marcos Cuevas y otros 11 funcionarios más. 

Humberto Trigo, Abogado del Alcalde, observó que el Ministerio Público solicite la aprehensión solo de Leyes.

Normativa 

La Alcaldesa acotó que presentaron querella por el caso mochilas en cumplimiento al artículo 14 (Obligación de constituirse en parte querellante) de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que dice:”La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada deberá constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados (...)”.