Especialistas sugieren a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que cambie la modalidad de trabajo para migrar la información de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y acelerar el trabajo demorado desde el 2015.
Para el analista económico Alberto Bonadona, la principal causa de demora de la Gestora es el intentar unir las bases de datos de las dos AFP en un software único. El experto considera que se debía comprar programas de ambos sistemas o subcontratar a las administradoras para acelerar el proceso.
“Es una combinación de dos plataformas, más hubiera valido la pena pagarlas, mantener un interface. Pero, han querido unirlas y eso es una tarea titánica muy compleja, hay gran cantidad de datos”, explicó.
Bonadona considera que una buena alternativa es que la Gestora sea una administradora y contrate los servicios de las AFP. Otra posibilidad es indemnizar por el programa para no usar una nueva plataforma. “Con esto se ha ahorrado bastante tiempo y dinero”, afirmó.
En tanto, el analista económico Gonzalo Chávez considera que se debe comenzar de cero para dar solución a la demora. “Yo creo que lo que hay que llamar a todas las partes interesadas y diagnosticar cuál es el problema. Hay un problema de diseño inicial, entonces ahí está el cuello de botella”, sostuvo.
Indicó que un sistema de administración combinado sería una buena alternativa. “Hay que evaluar si la administración pública es lo mejor, tal vez algo mixto, o que el sector privado nacional se haga cargo”, indicó Chávez.
Bonadona y Chávez coincidieron en que más adelante habrá conflictos para poner en marcha el nuevo sistema que dependerá de la Gestora. “Hay que testear y comprobar si funciona como quisieran. Es una tarea que va a tomar todavía mucho tiempo”, dijo Bonadona.
Por su parte, el analista José Gabriel Espinoza hizo énfasis en que la causa del retraso es la falta de capacidad de los profesionales que están a cargo de esta migración. “Pareciera que el Gobierno no tiene la gente necesaria para que lleve adelante este tipo de gestión, hay la pérdida de eficiencia en el sistema público a partir de la politización de cargos, que debían ser técnicos”, acotó.
Explicó que el no poder llegar a acuerdos con las empresas administradoras de las pensiones también causa las demoras. “Lo más urgente es dar la tranquilidad a la gente sobre la seguridad de sus aportes”, dijo.
En 2015 fue creada la Gestora Pública para administrar los fondos del sistema integral de pensiones que se encuentran en manos de empresas administradoras, inicialmente esto debía concretarse el 15 de julio de 2016, pero eso no fue posible y el plazo fue ampliado en tres ocasiones.
El segundo plazo era el 15 de septiembre de 2017 y el tercero es marzo de 2019.
El Gobierno atribuyó la demora a la migración de información histórica de más de 20 años de registros y aportes de más de 2,13 millones de personas aseguradas a la base de datos o software único de la Gestora Pública.
SE DUPLICAN LOS AFILIADOS AL SIP
En una década (2006-2016), el número de asegurados registrados en el Sistema Integral de Pensiones (SIP) se duplicó, pasando de 988.967 a 2.069.538 afiliados, es decir, alrededor de un 19 por ciento del total de la población boliviana, informó en 2017 la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
De acuerdo al reporte de la entidad, hasta el 30 de noviembre del 2016, BBVA Previsión tenía registrados 1,1 millón de asegurados y Futuro de Bolivia se alzaba con 960.678, haciendo entre ambas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) más de 2 millones de asegurados.
INVESTIGACIÓN
Carlos Arze Vargas. Investigador del Cedla
Las AFP ya tuvieron “jugosas utilidades”
La AFP Previsión, al igual que la AFP Futuro, fue una de las beneficiadas de la privatización de la Seguridad Social, obteniendo enormes ganancias en desmedro de la situación de los trabajadores que están condenados a obtener rentas miserables.
Esta situación bonancible, sin embargo, no sólo duró mientras en el país gobernaban regímenes neoliberales, sino que se extendió hasta ahora con un Gobierno que prometió recuperar los principios del Código de Seguridad Social y dignificar la vida de los jubilados.
Por eso, este proceso iniciado por el BBVA podría ser un regalo adicional a los enormes beneficios obtenidos por la administración —pésima— de los fondos de jubilación de los trabajadores bolivianos.
Sólo en los últimos siete años en los que está vigente la nueva Ley de Pensiones, se embolsilló 28,4 millones de dólares como utilidad neta (el Gobierno de Evo les reconoce todas las comisiones de la ley neoliberal durante el tiempo que dure la implementación de la Gestora Pública que, paradójicamente, obtendrá sólo una de las tantas).
Las administradoras de los fondos nunca estuvieron obligadas a demostrar resultados positivos.
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