La acusación menciona los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Sala Plena del TSJ, su máxima instancia, tratará el caso este miércoles para decidir su envío a la Asamblea Lgislativa Plurinacional.
El proceso para juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax rompe su segundo escollo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Penal resolvió recomendar la apertura del proceso que fue solicitado por la Procuraduría y validado en primera instancia por la Fiscalía General con una propuesta acusatoria.
La Sala Plena del TSJ revisará el trámite este miércoles para decidir su envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde finalmente se aprobará o rechazará el inicio de un juicio de responsabilidades.
“Efectivamente ayer la Sala Penal ha remitido el informe correspondiente y mañana será considerado en la Sala Plena tendiente simplemente a cuestión formal de procedimiento si corresponde remitir a la Asamblea para pedir la autorización respectiva o lo que corresponda”, confirmó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, este martes.
La sesión de la Sala Plena está programada para las 09.00 y el asunto está en la agenda, añadió el funcionario, quien no quiso referirse al contenido del informe hasta tanto no se analice en esa instancia.
“La Sala Penal hace las veces de juez controlador de garantías constitucionales y consiguientemente evalúa la proposición acusatoria y el requerimiento fiscal correspondiente y, en base a eso, informa a la Sala Plena y ésta procederá como corresponde”, explicó.
Fuentes vinculadas a la entidad judicial indicaron a este medio que los magistrados de la Sala Penal Edwin Aguayo y Olvis Eguez recomendaron que se dé curso al proceso contra el expresidente Mesa (2003-2005) tras hallar elementos necesarios en el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público.
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, explicó hace dos semanas que la acusación se fundamenta en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Procuraduría aclara que proceso contra Mesa tiene por objetivo establecer responsabilidades en el caso Quiborax
El Gobierno, a través de la Procuraduría del Estado, acusa a Mesa de la pérdida de $us 42,6 millones que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El magistrado Aguayo anunció el 10 de julio que “se va hacer una revisión de orden formal con un informe que nosotros vamos a emitir a la Sala Plena y la Sala Plena, conjuntamente a este informe, va a pedir la autorización a la Asamblea Plurinacional. No se toca en absoluto el tema de fondo”.
Esa revisión de orden formal alcanza al “cumplimiento de los requisitos, nombres, domicilios, documentación (y otros)”, explicó el funcionario.
Así, el TSJ, como se anunció la semana pasada, tratará el pedido de la Fiscalía en Sala Plena, su máxima instancia, este miércoles.
Ahí resolverá si ratifica la decisión de su repartición penal y si envía el informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta, posteriormente, apruebe el juicio de responsabilidades por dos tercios de votos o simplemente lo rechace.
Para el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamarí, el objetivo del juicio es claramente electoral para inhabilitar una eventual candidatura de Mesa en las elecciones presidenciales. “Hay gente en el Gobierno que va hacer lo imposible para que Mesa sea el único responsable y de esa forma ocultar el pésimo trabajo de defensa (en el caso Quiborax) ", afirmó.
La postura condice con el criterio de Mesa, quien ayer volvió a reiterar su inocencia y apuntó a los ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César Navarro, además del procurador Pablo Menacho de ser los directos responsables de la pérdida del arbitraje que devino en el pago de la millonaria indemnización.
“El objetivo es destruir a Carlos Mesa y eliminarlo como potencial candidato opositor a Evo Morales y pretender que nos sumemos a la idea de que Evo Morales puede ser candidato presidencial y él tiene que escoger quien va ser su adversario político. Este es un caso básicamente político”, sostuvo ayer en una declaración a Radio Compañera.
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