El presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), Carlos Thompson Flores, suspendió ayer un habeas corpus concedido a Luiz Inácio Lula da Silva y mantuvo al expresidente brasileño en la cárcel, después de un duro embate jurídico por su libertad.
La puesta en libertad del líder del Partido de los Trabajadores (PT) se enfrascó ayer en una batalla de decisiones judiciales entre dos magistrados del TRF-4, la cual fue dirimida por el presidente de la corte, con sede en Porto Alegre.
El embrollo judicial comenzó ayer por la mañana, cuando el juez federal de guardia del TRF-4, Rogerio Favreto, decidió de manera sorpresiva conceder a Lula un habeas corpus solicitado por diputados del PT.
La medida, aplaudida por la formación de izquierdas, generó una gran polémica y las reacciones no tardaron en llegar en el ámbito judicial.
El primero en pronunciarse fue el juez federal Sergio Moro, quien condenó el año pasado al expresidente brasileño en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión al dar por comprobado que recibió un apartamento de la constructora OAS a cambio de ofrecer beneficios con contratos en Petrobras.
En un auto, Moro cuestionó la competencia de Favreto para mandar excarcelar a Lula, pero el juez de guardia salió al paso inmediatamente y mantuvo en un nuevo documento la liberación del expresidente de manera urgente.
Pocas horas después, el juez João Gebran Neto, instructor de la Lava Jato en segunda instancia, bloqueó la orden de libertad y determinó la continuidad de Lula en prisión.
Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del TRF-4, que por unanimidad condenó el pasado enero a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La batalla judicial se intensificó y, en un nuevo auto, Favreto insistió y ordenó que Lula fuera puesto en libertad en el plazo de una hora, pero la Policía Federal no actuó debido a la contradicción entre los autos de ambos jueces.
El presidente del TRF, no obstante, zanjó el asunto y señaló que la decisión sobre la libertad de Lula es competencia del instructor de la Lava Jato en segunda instancia, quien tiene la última palabra en este embrollo, y no del juez de guardia.
En su polémica decisión, el juez Favreto argumentó que la prisión del expresidente impide ejercer sus derechos como precandidato a la presidencia de la República, lo que consideró como un episodio “nuevo” a tener en cuenta para su puesta en libertad.
LULA LIDERA LAS ENCUESTAS
Lula, de 72 años, lidera todas las encuestas cuando faltan tres meses para la celebración de los comicios presidenciales, a pesar de su arresto y de que se encuentra virtualmente inhabilitado debido a que la ley electoral impide que condenados en segunda se postulen a cualquier cargo electivo.
El Partido de los Trabajadores (PT), que hoy tiene previsto una reunión en Sao Paulo, reiteró la candidatura de su principal líder e insistió en que no cuenta un “plan B” para los comicios de octubre.
Su presidente, Gleisi Hoffmann, criticó duramente la decisión del presidente del TRF-4 de mantener a Lula en la cárcel y señaló que “vale todo” para “perjudicar” al expresidente y, por consecuencia, “a la democracia y al pueblo brasileño”.
Lula, mientras tanto, sigue arrestado en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná y epicentro de la operación Lava Jato, la cual le ha conducido a prisión.
El exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple su pena en una celda aislada.
¡LULA LIBRE YA!”, SE LEÍA
Más de un millar de personas se concentraron ayer en las puertas de la Policía Federal en Curitiba donde Lula está preso, exigiendo su salida.
Mientras “¡Lula libre ya!”, se leyó a lo largo del día en la cuenta en Twitter del exmandatario.
También hubo una manifestación en su bastión en el cinturón obrero de Sao Paulo.
“¿Más golpe? (…) Contra la decisión de un juez se recurre, no hay orientación de presidente que puedan valer! ¿Qué vergüenza es ésta?”, decía indignada ahí la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
El partido ya ha dicho que recurrirá la medida y emplazó a los brasileños a una “gran manifestación” próximamente para combatir esa “afronta” al estado de derecho.
Lula fue condenado por ser el beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por la constructora OAS, a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras.
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