Con la detención de la exsecretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, anoche, la Fiscalía le da un nuevo impulso a la investigación del caso Mochilas, presuntamente, en base a las declaraciones que aportó el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel P., quien se entregó a las autoridades el pasado 28 de junio.
Andrea García, quien el 10 de julio fue despedida por no poner su cargo a disposición, como le pidió la nueva secretaría de Desarrollo Humano Jenny Rivera, volvió a declarar ayer ante la Fiscalía, pero esta vez como denunciada y ya no como testigo, como sucedió en abril, cuando se destapó la presunta compra irregular de mochilas.
García fue aprehendida luego de declarar por dos horas en la Fiscalía Anticorrupción. Luego, fue conducida a celdas de la Estación Policial Integral (EPI) Norte y está a la espera de su audiencia cautelar. La exfuncionaria enfrenta cargos por la suscripción de contratos lesivos al Estado.
La exsecretaria estampó su firma junto a la del alcalde José María Leyes y Néstor G., representante de la Asociación 26 de Febrero, para la adquisición de 91 mil mochilas por 12,4 millones de bolivianos.
Andrea García se desempeñó entre 2017 y 2018 como secretaria interina y hasta el 10 de julio figuraba como “testigo” en Mochilas I.
Su abogado, Hernán Soria, manifestó que su cliente se sometió a la investigación, pero los fiscales asignados al caso decidieron pedir su aprehensión. “Nosotros respetamos la decisión de las autoridades, ya veremos en la audiencia tratar de establecer que no existen riesgos procesales”, informó Soria.
El 30 de junio, a requerimiento del Ministerio Público el caso Mochilas I y II, se declaró en reserva; el abogado de García señaló que esta medida le impide brindar mayor información sobre la implicación de su cliente.
Documentos
Entre los elementos que complicaron la situación de la exsecretaria de Desarrollo Humano, se encuentra el contrato de adjudicación que benefició a la Asociación accidental 26 de Febrero, la Resolución Ejecutiva 650/ 2017 y documentación que se encuentra en reserva.
Se presume que la llegada del exsecretario de Atención al Ciudadano ayudó a consolidar las hipótesis que manejaba el Ministerio Público sobre la compra de las mochilas.
Por la dinámica de la investigación y por los elementos que existen, el representante departamental del Ministerio Público, Óscar Vera, no descartó solicitar ante las autoridades judiciales la ampliación de la reserva del caso por 10 días más. “Todavía estamos a tiempo de solicitar que se amplíe la reserva”, manifestó.
DATOS
Hombre “clave” se entrega a fines de junio. El exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel P., se entregó a la justicia el 28 de junio y declaró en el caso Mochilas. Se hallaba en EEUU desde el 6 de abril.
Moreno asumirá su defensa a distancia. La defensa del exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, buscado por la justicia, ya se apersonó al proceso, según fuentes de la Fiscalía.
La audiencia de Leyes está paralizada. La audiencia cautelar del alcalde José María Leyes por Mochilas II está paralizada desde el 8 de junio por conflictos con la administración de justicia.
LEYES DECLARARÁ POR EL DESAYUNO ESCOLAR
El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue convocado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia iniciada por el concejal Sergio Rodríguez por el desayuno escolar que se suspendió este año por un mes, porque no había un contrato firmado.
La falta de una orden de traslado ocasionó que el munícipe se presente a dar su declaración, por lo que los fiscales reprogramaron la declaración para el 16 de julio.
Su abogado defensor, Humberto Trigo, informó que desconoce el fondo de la denuncia, ya que no habrían sido notificados con la denuncia, siendo ésa la razón de la inasistencia de su defendido a la nueva convocatoria a declarar, ya que fueron los fiscales quienes no solicitaron el traslado.
“Tengo conocimiento que por este mismo caso también será llamada a declarar la señora Andrea García”, manifestó.
Sin embargo, Trigo dijo que Leyes no conoce el caso por el que se le acusa, ya que la firma de contrato se la habría realizado cuando él ya se encontraba con detención domiciliaria.
“El Alcalde no ha firmado nada, cuando el concejal presenta la denuncia, Leyes ya estaba con medida cautelar”, explicó.
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