Los exsecretarios José Padilla y Diego Moreno salieron de Bolivia en abril y están involucrados en las supuestas irregularidades en la adquisición de material escolar chino.
Deslindando responsabilidad en el caso Mochilas I, la secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García, apuntó ayer a exautoridades que están fuera del país.
“Algo que he lamentado mucho es que personas inocentes estén siendo citadas y hasta maltratadas con excesos, cuando sabemos dónde está dirigiendo los ojos la investigación. No veo que hasta ahora se haya convocado a las personas que han fugado de este país”.
El proceso se refiere a la adquisición de mochilas chinas en 2018 con un supuesto sobreprecio de 10 millones de bolivianos.
García dijo ayer que fue citada a declarar hace tres semanas como testigo. Explicó que fue por la firma del contrato. Su rúbrica está en el documento del 26 de enero junto a la del alcalde José María Leyes, principal implicado, y el representante legal de los proveedores, quien guarda detención preventiva.
“Esto por una delegación y designación especial que obliga a firmar a los secretarios y secretarias también en calidad de interinato, porque estoy todavía como interina. Sin embargo, no he tenido ningún tipo de participación ni en la elaboración de especificaciones técnicas ni en la selección ni en los procesos de adjudicación, absolutamente nada”.
Lamentó que se haya involucrado a gente por cosas “que no ha hecho” y señaló a quienes están fuera de Bolivia. El exsecretario de Atención al Ciudadano José Padilla salió el 6 de abril rumbo a Estados Unidos y fue implicado en Mochilas I porque trabajó en la Aduana en la misma época que el importador Juan de Dios Morales. El exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno salió el 24 de abril por Desaguadero (La Paz) hacia Perú y fue el primer Responsable del Proceso de Contratación (RPC).
“Este proceso tiene y ha tenido una irregularidad en la primera fase, que ha sido la determinación de los precios referenciales, en la filtración de la información. Eso queda bastante claro (…). No veo que se hayan accionado mecanismos para poder traerlos, porque sabemos que están prófugos y que han salido del país. Los ojos tienen que dirigirse a los verdaderos responsables”.
La autoridad agregó que acudirá ante la Fiscalía las veces que sea convocada.
“Espero que la justicia apunte donde debe apuntar. Hay personas que están bastante implicadas, incluso han sido nombrados y nombradas varias veces, pero vemos que no hay ninguna convocatoria”.
La defensa del alcalde Leyes evitó referirse a personas en particular, pero, el abogado Alberto Trigo dijo que se debe acudir a todos los partícipes. “Toda persona que se considere que ha participado o ha sido parte de la licitación o del proceso de contratación debe ser investigada”.
La denuncia
La concejala Rocío Molina denunció “favoritismo” porque los proveedores compraron las mochilas antes de que se lance la licitación.
Hay seis instituciones que actúan en los procesos
Entre acusadores y acusados, hay seis instituciones que actúan en los procesos denominados Mochilas I y II, referidos a la adquisición del material escolar chino en 2018 y 2017, respectivamente.
Están la Alcaldía de Cochabamba, el Concejo Municipal, el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado.
La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina inició el proceso penal en el caso Mochilas I el 3 de abril y se sumó a ella el viceministro Diego Jiménez.
En días pasados, el Concejo entregó audios a la Contraloría General del Estado de una sesión en la que se rechazó la remisión de una nota al Alcalde tras la solicitud de padres de familia, de dos semanas antes de la denuncia penal, para revisar la licitación. A partir de esta solicitud, la Contraloría General también realiza investigaciones.
La denuncia en Mochilas I y II apunta principalmente al alcalde José María Leyes. Sin embargo, se involucró a varios otros funcionarios municipales. Las declaraciones de testigos implican a otras personas y se abren investigaciones de oficio.
El Ministerio Público dispuso tres fiscales para llevar adelante los casos, además, el Fiscal General instruyó que el fiscal superior José Manuel Gutiérrez encabece las investigaciones. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
Durante las audiencias, en la parte acusadora se incluye el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción con representantes departamentales.
La Procuraduría General también dispone de representantes en el caso. Entre sus funciones está defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, en resguardo de la soberanía, bienes del patrimonio e intereses del Estado.
La audiencia para pedir que Leyes vuelva a trabajar está prevista para el viernes
La audiencia de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, está prevista para el viernes 18 de mayo.
Alberto Trigo, parte del equipo jurídico que defiende a Leyes, informó que fueron notificados para las 15:30 horas. La audiencia se desarrollará en el Juzgado Anticorrupción y prevén que la autoridad logre la autorización para volver a trabajar, aunque sea con custodia policial.
Leyes tiene detención domiciliaria desde el 21 de abril. Pero, la medida incluye la restricción de comunicarse con el personal municipal, lo que anuló el ejercicio de sus funciones.
En la audiencia de apelación de medidas sustitutivas, el 4 de mayo, los vocales de la Sala Penal 3 levantaron el riesgo de fuga del Alcalde. Esa fue la base para que la defensa pida la modificación. Trigo manifestó que no objetará si se determina que la autoridad retorne a la Alcaldía con guardias.
“Estamos enfocados en el permiso de trabajo, ese derecho está consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política. Esta parte ha solicitado que se le autorice a José María Leyes que ejerza el derecho al trabajo y vuelva a sus funciones de Alcalde”.
Este pedido implica, además, que se le permita comunicarse con los funcionarios municipales.
En caso de tener una respuesta negativa de la Jueza, la defensa verá otras opciones para conseguirlo. Es posible reiterar el pedido o acudir a acciones de libertad o de amparo constitucional, como ejemplo.
“Primero queremos ver qué va a pasar el día de la audiencia”.
De manera paralela, se espera la respuesta al recurso de reposición presentado el 11 de mayo para dejar sin efecto la audiencia de extracción de información, la cual inició el 20 de abril y se declaró un cuarto intermedio. El abogado Humberto Trigo cuestionó que la Fiscalía haya solicitado la aprehensión de Leyes esa jornada, cuando la audiencia de prueba no había concluido.
El equipo jurídico explicó que, en este caso, la respuesta se da por escrito.
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