Seis grandes casos de corrupción en Cochabamba quedaron estancados, la mayoría relacionados con alcaldías del Movimiento al Socialismo (MAS) o sus aliados. El caso más reciente, la caída del puente Independencia, lleva 2,5 años sin sentencia. Y el más antiguo, por las obras a medias del hospital del niño, está pendiente desde 2011. (Ver infografía).
En cambio, el escándalo por la presunta compra anticipada de mochilas chinas con sobreprecio en la gestión de los Demócratas con un presupuesto de 12,7 millones de bolivianos pasó a ser investigado velozmente. Una situación muy distinta a casos como el engaño del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, que provocó un daño de 23 millones de dólares sin que hasta ahora se detenga al representante, Martín Rovira.
Actualmente, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sigue 40 procesos a municipios e instituciones públicas, tanto oficialistas como opositores. Opositores sospechan que el avance de procesos depende del partido político al que pertenecen los acusados. Asimismo, se recalca la retardación de justicia que impiden culminar los procesos.
Corrupción
“La corrupción se ha institucionalizado en el ámbito público, no importa si son verdes o azules, se está desplegando hasta con los mismos modus operandi, tanto en el caso de las mochilas de Cercado como otros casos en alcaldías del MAS”, apuntó la asambleísta Lizeth Beramendi (Único). Agregó que las licitaciones tanto en la Gobernación como en alcaldías se convirtieron en simples “formalidades, ya que se realizan acuerdos previos con empresas de manera extraoficial”.
Beramendi, coincidió en que existe “persecución política” hacia la Alcaldía de Cercado y otros opositores, pero que esto no significa dejar de lado la corrupción.
Resaltó que en el caso del puente que colapsó en la avenida Independencia, en el que se acusa de responsable al exalcalde Edwin Castellanos (MAS), se llegó a una imputación dos años después del hecho. “Mientras que en el tema de mochilas se está avanzado rápidamente”, comparó.
Añadió que la situación de constante corrupción no cambiará “mientras la disputa partidaria siga y sin que la justicia se independiente”.
Casos representativos
A la fecha existen diversos casos: la paralización del hospital del niño (2011), puente colapsado (2015), el Consorcio Misicuni falso, irregularidades plan maestro de agua y alcantarillado Quillacollo y el caso mochilas (2018).
Los casos representan daños económicos desde 3 millones de bolivianos hasta 23 millones de dólares, en el caso del Consorcio de Misicuni.
Al respecto, el investigador del Instituto de Estudios Sociales y de Economía (IESE) Fernando Salazar comentó: “El tema del Consorcio de Misicuni es muy complejo, en el tema formal vemos que los domicilios de los representantes de las empresas no están habilitados, pero, en los hechos, el Gobierno nunca inició procesos a las personas a cargo de la lanzar la convocatoria, la licitación, la calificación y adjudicación”.
Concluyó que existen vacíos en el proceso, y la dependencia de justicia al Ejecutivo se ve en la actividad que el Gobierno impulsa en procesos que le interesa.
“No hay preferencias”
El representante departamental del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, descartó que existan una persecución política y mayor atención en los procesos penales contra los opositores.
40 procesos penales se registraron hasta diciembre de 2017 por casos de corrupción en municipios e instituciones públicas que son investigados por la Fiscalía.
“FUNCIONARIOS SON RESPONSABLES”
El representante departamental del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, apuntó que los procesos de contratación internos de los municipios corren bajo responsabilidad de los funcionarios y, ante una implicancia, deben ser consecuentes.
“El proceso interno de contratación no pasa por la Contraloría, no requieren un aval de ella, sino que los funcionarios públicos ejercen responsabilidad, y debieron hacerlo de manera transparente y honesta y no lo hicieron (en referencia al caso mochilas)”, enfatizó.
Agregó que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía a quienes incumplen la normativa de contrataciones determinan responsabilidades penales según implicancia.
OPINIONES
"Considero que las investigaciones a entidades públicas no son de carácter netamente jurídico, sino político". Lizeth Beramendi. Asambleísta"Se está investigando el caso, pero lo que están queriendo hacer es distraer, como si se tratara de una persecución política". Ever Veizaga. Rep. Viceministerio de Transparencia
Fuente: Los Tiempos