El costo de los ítems se elevó en 2.9 millones de bolivianos en dos gestiones.
Juan de Dios Morales Espinoza es la misma persona que hizo la importación de mochilas para estudiantes de Cochabamba para este año y quien firmó el contrato para la dotación del mismo material el año pasado, según los detalles del contrato suscrito con la Alcaldía en 2017 y el padrón de contribuyentes expuesto en 2018.
Además, María René Ramírez Ramírez, su socia, figuró como la propietaria de la empresa a cargo de las mochilas en 2017.
La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina denunció privilegios en favor de la Asociación Accidental 26 de Febrero para adjudicarse las mochilas este año, porque la compra se habría realizado en China incluso antes de que se lance la licitación y, además, el pedido llegó con logotipos municipales antes de que se firme el contrato.
Ahora, se evidencia que las mismas personas, Morales Espinoza y Ramírez Ramírez, ganaron la licitación este y el anterior año.
La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, dijo ayer que las empresas que se adjudicaron las mochilas fueron “distintas”.
Sin embargo, el nombre de Morales Espinoza aparece en la consulta del padrón de contribuyentes de Impuestos Nacionales como representante de MSPC SRL, la empresa que compró 92 mil mochilas en China antes de que se publique la licitación y, luego, en una sociedad se adjudicó la entrega, junto al material, para este 2018.
MSPC SRL se asoció con MANE CORP, a cargo de Ramírez Ramírez, y se conformó “cuatro días antes de la licitación”, según Molina, la Asociación Accidental 26 de Febrero, que se ganó la licitación para las 91.385 mochilas destinadas a estudiantes de colegios fiscales y de convenio de la ciudad.
En el contrato que firmó el alcalde José María Leyes este año, quien aparece como representante legal de la Asociación Accidental es Néstor García Maygua. Los nombres de Morales y Ramírez no están en ese documento, pero sí en los registros de Impuestos como los socios.
Morales aparece, con el mismo número de cédula de identidad, como el representante legal de la Asociación Accidental El Norte, que se adjudicó la entrega de las mochilas escolares en 2017.
A estos elementos se suma la dirección en la avenida Viedma en Santa Cruz, en ambos papeles.
Los documentos de contratación están en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), con todas las especificaciones y datos de las personas involucradas en el proceso. Las facturas, documentos de importación y padrones de contribuyentes fueron expuestos por la concejala Molina y son parte de las pruebas que la autoridad considera coadyuvarán en la investigación.
La concejala y el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, instauraron un proceso penal contra el Alcalde por los delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Molina anunció ayer que ampliará su investigación para conocer en detalle las contrataciones de las gestiones 2016 y 2017, cuando también se entregó las mochilas y útiles.
De acuerdo con los documentos del Sicoes, en 2016 la empresa que se adjudicó la dotación fue Velpa SRL Import - Export y el representante legal era Alberto Pairumani Soliz.
COSTOS Para Molina, existe un sobreprecio del 81 por ciento , alrededor de 10 millones de bolivianos, en torno al pago a la Asociación Accidental 26 de Febrero.
Este año el contrato fue por casi 12.5 millones de bolivianos para 91.385 mochilas. Según la denuncia, la importadora invirtió 2.4 millones y tuvo una ganancia de 10.1 millones.
“Las mochilas, puestas en Cochabamba, costaron 26 bolivianos cada una y se pagó 145”.
Los registros del Sicoes dan cuenta de que, en 2017, un total de 91.300 mochilas costaron 12.6 millones.
En 2016, se pagó el monto de 9.6 millones por 92.020 unidades. Entre 2016 y 2018, la diferencia por el pago de mochilas y materiales fue de 2.9 millones. El alcalde Leyes expresó hace un par de días que instruyó una investigación para dar con los responsables en caso de que existan, y exhortó a la concejala Molina a pedir disculpas si es que no se hallan autores de los delitos.
La Secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía explicó que Transparencia investigará a los involucrados, directos e indirectos, en el proceso de licitación de las mochilas.
Manifestó que, entre otros, se revisaría el trabajo de cinco funcionarios: el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) del área de Finanzas y los cuatro miembros de la Comisión de Calificación, que incluye a la Jefatura de Educación y especialistas en el área.
Además, María René Ramírez Ramírez, su socia, figuró como la propietaria de la empresa a cargo de las mochilas en 2017.
La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina denunció privilegios en favor de la Asociación Accidental 26 de Febrero para adjudicarse las mochilas este año, porque la compra se habría realizado en China incluso antes de que se lance la licitación y, además, el pedido llegó con logotipos municipales antes de que se firme el contrato.
Ahora, se evidencia que las mismas personas, Morales Espinoza y Ramírez Ramírez, ganaron la licitación este y el anterior año.
La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, dijo ayer que las empresas que se adjudicaron las mochilas fueron “distintas”.
Sin embargo, el nombre de Morales Espinoza aparece en la consulta del padrón de contribuyentes de Impuestos Nacionales como representante de MSPC SRL, la empresa que compró 92 mil mochilas en China antes de que se publique la licitación y, luego, en una sociedad se adjudicó la entrega, junto al material, para este 2018.
MSPC SRL se asoció con MANE CORP, a cargo de Ramírez Ramírez, y se conformó “cuatro días antes de la licitación”, según Molina, la Asociación Accidental 26 de Febrero, que se ganó la licitación para las 91.385 mochilas destinadas a estudiantes de colegios fiscales y de convenio de la ciudad.
En el contrato que firmó el alcalde José María Leyes este año, quien aparece como representante legal de la Asociación Accidental es Néstor García Maygua. Los nombres de Morales y Ramírez no están en ese documento, pero sí en los registros de Impuestos como los socios.
Morales aparece, con el mismo número de cédula de identidad, como el representante legal de la Asociación Accidental El Norte, que se adjudicó la entrega de las mochilas escolares en 2017.
A estos elementos se suma la dirección en la avenida Viedma en Santa Cruz, en ambos papeles.
Los documentos de contratación están en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), con todas las especificaciones y datos de las personas involucradas en el proceso. Las facturas, documentos de importación y padrones de contribuyentes fueron expuestos por la concejala Molina y son parte de las pruebas que la autoridad considera coadyuvarán en la investigación.
La concejala y el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, instauraron un proceso penal contra el Alcalde por los delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Molina anunció ayer que ampliará su investigación para conocer en detalle las contrataciones de las gestiones 2016 y 2017, cuando también se entregó las mochilas y útiles.
De acuerdo con los documentos del Sicoes, en 2016 la empresa que se adjudicó la dotación fue Velpa SRL Import - Export y el representante legal era Alberto Pairumani Soliz.
COSTOS Para Molina, existe un sobreprecio del 81 por ciento , alrededor de 10 millones de bolivianos, en torno al pago a la Asociación Accidental 26 de Febrero.
Este año el contrato fue por casi 12.5 millones de bolivianos para 91.385 mochilas. Según la denuncia, la importadora invirtió 2.4 millones y tuvo una ganancia de 10.1 millones.
“Las mochilas, puestas en Cochabamba, costaron 26 bolivianos cada una y se pagó 145”.
Los registros del Sicoes dan cuenta de que, en 2017, un total de 91.300 mochilas costaron 12.6 millones.
En 2016, se pagó el monto de 9.6 millones por 92.020 unidades. Entre 2016 y 2018, la diferencia por el pago de mochilas y materiales fue de 2.9 millones. El alcalde Leyes expresó hace un par de días que instruyó una investigación para dar con los responsables en caso de que existan, y exhortó a la concejala Molina a pedir disculpas si es que no se hallan autores de los delitos.
La Secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía explicó que Transparencia investigará a los involucrados, directos e indirectos, en el proceso de licitación de las mochilas.
Manifestó que, entre otros, se revisaría el trabajo de cinco funcionarios: el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) del área de Finanzas y los cuatro miembros de la Comisión de Calificación, que incluye a la Jefatura de Educación y especialistas en el área.
Fuente: Opinión
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