El alcalde José María Leyes, el exsecretario Diego Moreno y trabajadores del área de Desarrollo Humano y Jurídica están relacionados con ambos procesos.
En la actualidad, al menos seis actuales y un exfuncionario de la Alcaldía de Cochabamba están vinculados en los dos procesos, mochilas I y II, por las supuestas irregularidades en la adquisicón de los bolsos y el material escolar para los años 2017 y 2018.
Entre los principales involucrados están el alcalde José María Leyes y el exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno, quien salió del país la pasada semana.
La primera denuncia penal, referida a presuntos ilícitos en la contratación para 2018, fue instaurada el 3 de abril por la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina y el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez. Y, aunque el contrato fue anulado el 13 de abril, el proceso continúa.
El contrato fue por 12.3 millones de bolivianos para 91.385 mochilas y se denunció un sobreprecio de alrededor de 10 millones.
El segundo caso, sobre la adquisición en 2017, fue denunciado oficialmente el 27 de abril por el representante departamental del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga. Ese contrato se firmó por 12.6 millones para 91.300 unidades. El Viceministro enfatizó que hay sobreprecio de 10.3 millones, “un 500 por ciento ”.
ALCALDE Leyes firmó el contrato de la adquisición de las mochilas escolares chinas en 2017 y en 2018. En la actualidad, existen dos procesos penales en su contra por este tema. Dentro el marco del proceso de 2018, el 21 de abril el juez cautelar determinó la detención domiciliaria para la autoridad e incluso, entre otras medidas, le restringió que se acerque o tome contacto con los funcionarios, lo que anuló el ejercicio de su cargo público.
EXSECRETARIO El exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno Barrón, quien salió de Bolivia el 24 de abril hacia Perú, fue el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de la adquisición de las mochilas escolares en 2017 y cumplió las mismas funciones al inicio del proceso de 2018.
De acuerdo con los registros del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), su nombre aparece como parte del “personal de la entidad relacionado con el proceso de contratación de 2017” y fue vinculado en la denuncia.
OTRAS PERSONAS El exdirector de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, ya ocupaba el cargo durante la licitación para 2017 y continúa en la actualidad. Este funcionario figura en el documento de enmiendas de la compra de mochilas para este año, firmó una carta desvinculándose de responsabilidad en la posible manipulación de computadores y fue involucrado en el proceso penal por el caso de 2017.
Entre los demás funcionarios está el jefe del Departamento de Educación, quien según el Sicoes fue responsable de la elaboración del Documento Base de Contratación (DBC) en el proceso para 2017. Su firma aparece en el documento de enmiendas para 2018, se menciona en la Resolución de Adjudicación, es uno de los solicitantes del inicio del proceso y miembro de la Comisión de Calificación.
Otro, el Profesional 2 del Departamento de Educación está relacionado con el proceso de 2017. Para 2018 fue encargado de consultas y aspectos similares al anterior empleado.
Un abogado estampó su firma en la minuta de contrato de 2017 y en la resolución de aprobación del DBC para esta gestión.
Finalmente, el Profesional 2 del Departamento de Contrataciones fue vinculado al proceso por el caso de 2017 y fue parte de la Comisión de Calificación en 2018.
3 Procesos
Las presuntas irregularidades en la adquisición de mochilas escolares derivó en tres procesos penales. El caso denominado Mochilas I investiga la contratación del material en 2018. Mochilas II está referido a la licitación y adjudicación de material para la gestión 2017. Un tercer caso es el abierto por la supuesta manipulación de 14 computadoras antes de realizarse un allanamiento.
La anulación fue “ilegal”
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, aseveró ayer que la anulación del contrato con la Asociación Accidental 26 de Febrero para la compra de mochilas fue “ilegal”.
La autoridad se refirió al tema durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia en el canal estatal. El alcalde José María Leyes, informó el 21 de abril, durante su audiencia cautelar, que resolvió el contrato con la empresa. Según el documento expuesto en el Sicoes, eso ocurrió el 13 de de abril.
Jiménez explicó que la Alcaldía utilizó una claúsula del Decreto Supremo 181 de Normas del Sistema de Administración de Bienes referida a “por caso fortuito o fuerza mayor”. “No hace referencia a que hay irregularidades. Es una anulación ilegal”.
Manifestó que el mismo decreto supremo establece que “cualquier contrato puede anularse hasta antes de la provisión del producto, es decir, hasta antes de que las mochilas se hubieran entregado al municipio y se han repartido a los niños”.
Apuntes
La empresa para las gestiones 2017 y 2018
Juan de Dios Morales Espinoza es la misma persona que hizo la importación de mochilas para estudiantes de Cochabamba para este año y quien firmó el contrato para la dotación del mismo material el año pasado, según los detalles del contrato suscrito con la Alcaldía en 2017 y el padrón de contribuyentes expuesto en 2018 por la concejala Rocío Molina.
Por otro lado, María René Ramírez Ramírez, la socia de Morales, figuró como la propietaria de la empresa a cargo de las mochilas en 2017.
Morales Espinoza y Ramírez Ramírez, ganaron la licitación este y el anterior año.
En 2017 se conformó la Asociación Accidental “El Norte” y en 2018 fue “26 de Febrero”.
Ahora se ventilan dos procesos penales.
Contra los empresarios
* Mochilas I: En el caso por la adquisición de mochilas en 2018 son procesados la empresaria María René Ramírez y el representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor García Maygua. Ninguno se presentó a declarar el 25 de abril para cuando fueron citados en la Fiscalía de Cochabamba.
* Mochilas II: En el segundo caso están involucrados también María René Ramírez y quien figuró como representante legal de la Asociación Accidental El Norte, Juan de Dios Morales Espinoza.
Otros funcionarios relacionados a los casos
* Secretarios de Desarrollo Humano: El caso Mochilas I involucra a la actual titular de la secretaría, Andrea García Magne. En Mochilas II fue implicado el exsecretario Andrés Cuevas Gutiérrez.
Sus nombres y cargos están en los contratos.
* Responsable del Proceso de Contratación (RPC): La directora de la Dirección de Contratación de Obras heredó las funciones de RPC en el proceso para la gestión 2018 a la renuncia del exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno.
La funcionaria firmó la resolución de aprobación del Documento Base de Contratación (DBC) y la Resolución de Adjudicación de la compra mochilas, además designó a la Comisión de Calificación en cumplimiento a las determinaciones que rigen por ley para quien asume como RPC.
La trabajadora fue imputada y, en la actualidad, tiene medidas sustitutivas.
* Hay otros servidores públicos relacionados a estos casos, quienes participaron en los procesos.
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